La querella regional por el excedente
Horst Grebe López*

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Los cabildos en Santa Cruz, La Paz y Sucre han demostrado sin lugar a dudas una formidable capacidad de convocatoria de parte de los respectivos liderazgos en cada una de las tres ciudades. Al mismo tiempo, se han puesto también de manifiesto las profundas tensiones regionales y las contradicciones urbano-rurales acumuladas desde hace tiempo en el país.

En democracia, tales demostraciones apuntan, entre otras cosas, a poner en evidencia los votos potenciales de las diferentes fuerzas en caso de ocurrir elección de autoridades o consulta popular mediante referéndum sobre temas específicos. Son métodos legítimos de la lucha política por la conformación del poder, pero no son la única manera de encarar los problemas estructurales y las dificultades institucionales que afligen al país, y tendrían que estar acompañadas en todo caso por una argumentación razonada respecto de la necesaria compatibilidad entre los intereses particulares y los objetivos nacionales. De esta manera, podrían incluso facilitar las deliberaciones que empiezan a desplegarse en el seno de la Asamblea Constituyente; caso contrario, es probable que se acentúe la confrontación que alientan por comisión u omisión los intereses regionales más estrechos, por un lado, o los hegemonismos étnicos, por el otro.

Las actuales pugnas hegemónicas, la lucha de los intereses políticos y la defensa de posiciones corporativas expresan en gran medida los cambios en los ejes dinámicos y las nuevas condiciones de funcionamiento de la economía nacional, así como las diversas potencialidades de desarrollo de las diferentes regiones del país.

En ausencia de una industrialización en forma, capaz de articular el conjunto de las actividades productivas bajo una misma lógica, el desarrollo económico del siglo pasado ha sido impulsado por los ciclos sucesivos de la minería, los hidrocarburos y la agroindustria. La fragmentación regional que se observa en estos momentos, se debe a que los tales sectores disponen de expectativas favorables, pero territorialmente separadas. Es objetivamente posible una sinergia convergente entre ellos mediante la articulación y cooperación entre regiones, a condición de que el Gobierno nacional emprenda un esfuerzo serio para impulsar y propiciar el juego de pactos que podrían sustentar un proyecto estratégico de largo aliento.

La convivencia bajo un nuevo marco constitucional requiere algunos pactos y acuerdos que definan los derechos y deberes individuales y colectivos, así como las garantías que debe otorgar el poder político legalmente constituido a todos los ciudadanos. Se precisa, en primer lugar, un pacto republicano que asegure la unidad política y la independencia de los poderes públicos. También es necesario contar con un pacto democrático que defina con precisión los modos y procedimientos de la deliberación y la adopción de decisiones.

En tercer lugar, se requiere acordar un esquema equitativo de reparto fiscal de los recursos públicos a fin de asegurar a largo plazo la igualdad de oportunidades individuales y la cohesión social. Dicho pacto fiscal debe contemplar inexorablemente fórmulas sostenibles a largo plazo de captación central y redistribución territorial del excedente económico, porque la creciente intensidad que caracteriza por de pronto a las pugnas políticas, obedece más que nada a una querella entre las regiones por el excedente potencial, que a la confrontación clásica entre ideologías contrapuestas.

*Horst Grebe L.
es economista.