Los festejos patrios se realizarán esta vez en un contexto de incertidumbres institucionales y diversas tensiones sectoriales y regionales, que contrastan con las esperanzas y expectativas vigentes hace apenas un año atrás, cuando se instaló la Asamblea Constituyente en Sucre con un claro mandato de concertar una nueva Carta Magna a partir de un diálogo intercultural sistemático, que conduzca a la concertación de un juego de pactos republicanos y democráticos. Un augurio favorable se desprendía además de la aparente culminación exitosa de las negociaciones con las empresas petroleras.
El estado de ánimo del país ha cambiado ciertamente desde entonces y no se puede ocultar que se han disipado en buena medida las perspectivas de una reconciliación nacional orientada a democratizar el acceso a los espacios de poder, eliminar todo tipo de exclusiones y perfeccionar el funcionamiento de la economía en términos de eficiencia, equidad y dinamismo.
A las dificultades previsibles en la compleja negociación de cambios radicales que afectarían sin duda grandes intereses creados, se sumaron luego insuficiencias insalvables en la organización y conducción de las deliberaciones, al punto de que el destino futuro de la Asamblea Constituyente ha quedado finalmente en manos de los mecanismos tradicionales de la política expresados en el Congreso Nacional, y más precisamente en el Senado.
Aspiraciones refundacionales mal gestionadas han encontrado por consiguiente los límites impuestos por las instituciones vigentes, y eso mismo vale también respecto de otras medidas intentadas por el MAS para copar todos los poderes del Estado.
Junto a estos problemas institucionales, también se han hecho manifiestas dificultades en la gestión de las políticas económicas. En primer lugar, porque no se ha logrado asegurar las inversiones necesarias en el sector de los hidrocarburos para cumplir a la vez con las necesidades de abastecimiento interno de energía y los compromisos de exportación de gas a Brasil y Argentina. Por otra parte, salvedad hecha del contrato con la empresa Jindal, la inversión privada en otros sectores ha caído a niveles mínimos, lo que compromete el crecimiento en los próximos años.
También es preciso mencionar que ahora se percibe el efecto retardado de los desastres naturales de comienzos de año, que ha ocasionado severas pérdidas de ganado con los impactos consiguientes en el precio y abastecimiento de carne vacuna en los principales centros de consumo. Y por si fuera poco, también existen problemas evitables en otros mercados de bienes básicos, lo que ha dado lugar a un salto inesperado en el índice de precios al consumidor, bastante por encima de la programación gubernamental y de lo que podría haberse esperado si se adoptaban a tiempo las medidas apropiadas.
La gestión económica enfrenta por consiguiente severos problemas estructurales y coyunturales, que hacen pensar en la necesidad imperiosa de un viraje enérgico de timón a fin de enderezar situaciones que son todavía manejables en la medida en que perdure la tendencia expansiva de los mercados internacionales y de los vecinos.
Por todo esto, la nueva etapa que se inaugura la próxima semana si se adoptan los acuerdos políticos para prorrogar la vigencia de la Asamblea Constituyente, tendría que consistir también en algunos cambios sustantivos orientados al fortalecimiento sustancial de la capacidad de gestión de los problemas económicos a que se ha hecho referencia más arriba.
*Horst Grebe L, es economista.
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