¿Hacia dónde se inclina el bolsillo?
Diana Pardo*

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Mientras Colombia, El Salvador y República Dominicana marcan una tendencia hacia estrategias integrales de seguridad y lucha contra las drogas ante el fracaso de programas represivos, México parece insistir en ellos. El presidente Felipe Calderón habla de una cruzada frontal contra las drogas, involucrando a los militares en el combate. La pregunta es, ¿hacia cuál de estas posiciones destinará más recursos Estados Unidos?

Tanto Colombia como El Salvador y República Dominicana están efectuando programas de seguridad integrales, que más allá de las políticas de control buscan la implementación de iniciativas preventivas, involucrando a la comunidad en su ejecución.

Colombia es un ejemplo de ese giro hacia un programa más integral. Después de siete años del Plan Colombia, la producción de coca no ha disminuido como se hubiera deseado. Tampoco lo han hecho los estragos sociales y ambientales relacionados con la producción y distribución de las drogas. Esta situación, unida a la presión del Congreso estadounidense para que Colombia destine mayores recursos para programas sociales para atacar el origen del problema de las drogas, ha conllevado a un giro en el enfoque del gobierno del presidente Uribe frente a este tema.

Recientemente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos planteó un recorte del 10% de los recursos del Plan Colombia para el 2008, e indicó que el 55% de los recursos deberían destinarse a programas sociales y de fortalecimiento institucional. Esto significa un cambio con relación al año anterior en que tan sólo un 24% de la asistencia estaba dirigida a este tipo de iniciativas.

Uno de los programas más importantes y para los que el Gobierno colombiano ha destinado mayores recursos y esfuerzos ha sido la fumigación de cultivos ilícitos. Esta iniciativa, sin embargo, ha tenido grandes críticas por parte de ONGs, campesinos y países vecinos, quienes se preocupan por las consecuencias que estas campañas pueden llegar a tener en el medio ambiente.

La erradicación manual también ha formado parte de la estrategia del Gobierno, pero ahora se plantea la necesidad de intensificar estos programas que a la larga resultan menos costosos y son más eficientes. Asimismo, los resultados son más permanentes y menos perjudiciales para el medio ambiente que los cultivos fumigados con glifosato.

Pero quizás uno de los beneficios de la eliminación de los cultivos por la vía de la erradicación manual es el compromiso que se logra por parte de las comunidades. Mientras la fumigación levanta una polvareda de críticas, la erradicación manual aglutina y compromete a la población. El Gobierno se ha ideado una serie de programas que involucran a la comunidad en este proceso. Uno de ellos, el de Familia Guardabosques, es una iniciativa que busca entregar a una familia el cuidado de una zona específica para que la mantenga libre de droga, trabajo por el que recibe un pago, previa certificación de un representante de las Naciones Unidas de que la zona en cuestión carece de cultivos ilícitos.

La participación comunitaria en programas de seguridad y lucha contra la droga es fundamental. Si bien el Estado es quien debe garantizar la seguridad pública de los ciudadanos, en la actualidad la seguridad ciudadana se concibe como un problema de todos, cuya solución debe estar no sólo en cabeza de las instituciones gubernamentales, sino de los diferentes sectores de la sociedad civil, como cogestores de los planes de seguridad trazados por el Gobierno.

En este escenario, la pregunta queda abierta para los formuladores de política en Washington. ¿Preferirán apoyar programas integrales o de represión? ¿Hacia qué lado se inclinarán?

*Diana Pardo
es Ph.D y consultora de Newlink Political en Miami.