El primero de agosto se cumplió un mes desde que el presidente George W. Bush prolongara por ocho meses la vigencia de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA), que el presidente George Bush padre acordara en 1991 por diez años a favor de Bolivia. Se trata de la tercera prolongación después que se negociara la primera en el 2001 por cinco años y en el 2006 por un año.
Los orígenes de este sistema preferencial se remontan a una exitosa iniciativa de Bolivia planteada en la primera Cumbre Presidencial antinarcóticos de los presidentes de los Estados Unidos, Bolivia, Perú y Colombia en la ciudad de Cartagena en noviembre de 1989. En esa ocasión, la delegación boliviana introdujo un concepto nuevo, el de la Responsabilidad Compartida para identificar con él la particular relación que se crea entre los países productores y los consumidores, concepto que tiempo después fue asumido por la Comunidad Internacional en documentos oficiales de las Naciones Unidas. El objetivo era lograr una más sólida base argumental para que se pudiere aceptar un renovado enfoque del Desarrollo Alternativo que partiera del hecho que la economía de la coca atravesaba estructuralmente la economía boliviana y que para encarar adecuadamente la tarea de sustitución debería plantearse una respuesta global igualmente estructural que incluyera la apertura del mercado norteamericano para la producción alternativa, el incremento de la inversión extranjera de capitales frente a la escasa capacidad de ahorro interno y un distinto tratamiento del endeudamiento externo. El planteamiento fue acogido de forma positiva y se convirtió de hecho en el centro del debate.
Al año siguiente, la reunión de presidentes andinos hizo suyo el nuevo enfoque y concluyó en la necesidad de una segunda cumbre específica que a más de los países del área andina incluyera la participación de México y los Estados Unidos de Norteamérica. Así fue y bajo la invitación del presidente George Bush se fijó como sede la ciudad de San Antonio - Texas. El acuerdo fue alcanzado y el Congreso americano lo sancionó en forma de Ley en 1991. El por entonces subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado Bernd Aronson confió a la prensa que después de la Cumbre de Cartagena el presidente George Bush en el vuelo de retorno a Washington, motivado por el planteamiento, pidió a su equipo asesor elaborar una “Iniciativa para las Américas” en base a los vectores de mercado, inversiones y deuda externa.
Después del tiempo transcurrido podría calificarse hoy, a partir de los logros obtenidos que este proyecto de cooperación mutua representa, uno de los más exitosos en la historia de las relaciones entre Bolivia y los Estados Unidos. En efecto, en el marco del acuerdo la deuda externa bilateral boliviana de cerca de cuatrocientos millones de dólares fue condonada, destinándose treinta millones de los mismos al Fondo del Medio Ambiente que venía de crearse. Las inversiones fueron incentivadas en hidrocarburos y minería. Inti Raymi por ejemplo corresponde a ese momento. Pero lo más sorprendente se dio en la apertura del mercado americano (el
ATPDEA estrictamente) que evolucionó las exportaciones no tradicionales y de manufacturas bolivianas hasta alcanzar, según cifras del año pasado, los cerca de trescientos millones de dólares con la generación de entre cien a ciento veinte mil empleos, sobre todo en el eje central, particularmente en la ciudad de El Alto.
Por todo ello, la responsabilidad de los actores económicos y sociales y la del Gobierno Nacional será muy grande en la decisión que se procese en los próximos seis meses. Las preferencias arancelarias fueron creadas como un régimen temporal y nos encontramos frente a la última prolongación posible. Todo muestra que para garantizar y consolidar los beneficios que la economía nacional percibe hoy, lo razonable sería asumir la propuesta norteamericana de transitar del régimen arancelario temporal y restringido a otro amplio y definitivo que sea parte de un acuerdo global de comercio, inversiones y transferencia tecnológica. Esto se haría más comprensible si se tiene en cuenta que algunos elementos centrales en la dimensión del nuevo acuerdo son negociados de hecho periódicamente en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Ginebra.
La alternativa a esta opción es difícil de visualizar porque es prácticamente imposible reemplazar en el lapso de seis meses ciento veinte mil empleos y trescientos millones de dólares en exportaciones no tradicionales y de manufacturas. Situación que podría complicarse aún más si se tiene en cuenta que el Acuerdo de Preferencias Arancelarias logrado con la Unión Europea en 1992 - 1993 como consecuencia directa del alcanzado con los Estados Unidos tiene un carácter igualmente temporal, y que habiendo sido prolongado en repetidas ocasiones deberá ser sustituido en un próximo futuro por un tratado general de asociación, tal como lo acordaron la Comunidad Andina y la Unión Europea en la reciente Cumbre Presidencial Andina de Tarija el pasado mes de junio.
*Jaime Paz Zamora es ex Presidente de la República.
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