Bolivianos en España
José Gramunt de Moragas, S.J.*

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Se calcula que unos 300.000 ciudadanos bolivianos residen en España. De los cuales, sólo 60.000 tienen los papeles en regla. Los otros son considerados “indocumentados” y por tanto, no pueden beneficiarse de las facilidades que otorga la ley en materia social a todo habitante cuya situación legal es regular. Además, esos “ilegales” son frecuentemente víctimas de la explotación de empleadores inescrupulosos, sin posibilidad de reclamar por el temor a perder el miserable empleo. Ignoro cuántos compatriotas más se encontrarán en situaciones semejantes en otros países del Viejo Continente en donde rigen las mismas normas migratorias. Lo mismo se trata al inmigrante en España que en Francia o que en Alemania, etc. El “ilegal” corre el riesgo de tener problemas con la policía o ser expulsado a su país de origen.

Lo grave es que, con el fin de aliviar la rígida legislación vigente en Europa, el Gobierno español hace un año presentó al boliviano una propuesta encaminada a solucionar en parte la situación de muchos de nuestros compatriotas que salieron rumbo a mejores condiciones de vida y de trabajo. En julio del año pasado, vino a La Paz la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, entre otros asuntos, para presentar al gobierno del presidente Evo Morales la firma de un acuerdo de flujos migratorios que permita garantizar la situación de los bolivianos que parten hacia el país ibérico en busca de mejores oportunidades. El propio embajador español ante el Gobierno boliviano, Francisco Montalbán, declaraba hace un par de días que ese contingente de ciudadanos bolivianos “es un colectivo sobre el cual debemos trabajar para dignificar su situación y dar la cobertura legal que todos deseamos ... Si bien la situación de los migrantes bolivianos es de progresiva integración y de buena cobertura legal, se debe hacer un esfuerzo para que aquellos que viajen a España a trabajar lo hagan respaldados en contratos de trabajo adecuados, a fin de que esas personas que lleguen a España lo hagan con las mejores condiciones que les permitan establecerse, y disfrutar de los derechos laborales y que le faciliten integrarse a ese país”, explicó el embajador.

Ha transcurrido más de un año y la Cancillería boliviana no se ha molestado en tomar en cuenta la mano que le tendía el Gobierno español. Tal vez porque ese ministerio está demasiado ocupado en hacer girar la noria de nombrar y destituir a cónsules en Chile y en colocar en embajadas y consulados a gente que habla aymara pero ignora la lengua del lugar y desconoce los rudimentos del oficio diplomático.

Convengamos en que las relaciones boliviano-chilenas, en este momento, pasan por un período de sorda y confusa ebullición. Y últimamente la cosa se complica con el litigio chileno-peruano sobre la porción de mar territorial que cada uno reclama. Es justo que el Gobierno boliviano se preocupe por la recuperación del patrimonio territorial (mar y espacio aéreo incluidos). Pero más importante aún es el patrimonio humano: en este caso los emigrantes. Desentenderse de ese capital humano es ignorar una de las obligaciones primarias de un Estado que se respete y que respete a sus propios nacionales.

*José Gramunt
es sacerdote jesuita y
director de ANF.