• PRUEBAS DE DESCARGO • Patricia Ballivián, presidenta de la ABC, brindó una conferencia de prensa. Dijo que se defenderá.

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El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, solicitó a los ejecutivos de la entidad ajustar sus iniciativas de lucha contra la corrupción, para no violar los derechos constitucionales de las personas. Un fiscal, que pidió guardar su nombre en reserva, dijo que la ABC tomó el camino equivocado, puesto que “la Policía no puede investigar (sola), sino bajo el control del Ministerio Público”.

En esa línea, el abogado de tres funcionarios destituidos, Alberto Morales, anunció que presentará hoy una demanda contra la presidenta de ABC, Patricia Ballivián, por los delitos de “violación de correspondencia privada y uso indebido de influencias”.

La aludida anunció que asumirá su defensa si la demanda se concreta. “En ningún momento las actuaciones de mi persona han sido violar temas personales, ni mucho menos”, afirmó.

Albarracín y Morales hablaron sobre el tema luego de que la presidenta de la ABC, Patricia Ballivián, destituyera a cuatro funcionarios tras descubrir en sus correos electrónicos y chateos supuestos actos de corrupción. A esta medida siguió el anuncio de que la Policía investigará a todos los funcionarios de esa institución, quienes deberán poner a disposición de la institución policial la información personal (direcciones y teléfonos) y financiera (cuentas de ahorro).

Sobre el primer caso, un especialista en el tema, al que consultó este medio, expresó que hay programas que permiten establecer la clave de acceso al correo electrónico y leer simultáneamente la conversación durante un chat que se realiza a través de la internet. “Hay una serie de programas disponibles en la internet”, indicó el técnico en sistemas.

“La corrupción es un delito de lesa pueblo, no sólo genera enriquecimiento ilícito, sino perjudica al colectivo humano. En ese entendido, es importante la lucha contra la corrupción”, aseveró el Defensor del Pueblo.

Añadió que “si esta buena iniciativa viola la Constitución, se está deslegitimando la propia iniciativa, porque al delito no se combate con otros delitos, a la ilegalidad no se combate con otros actos ilegales, sino con normas”.

Por ello, Albarracín pidió a la ABC no permitir que su iniciativa sea objeto de una demanda que desvirtuaría el proceso.

El fiscal que requirió guardar su nombre en reserva, sugirió utilizar la Ley Safco y las auditorías internas para investigar si hay sospechas de corrupción. El Artículo 16 de la Carta Magna señala que “se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad”.

El artículo 20 de la Constitución estable que “son inviolables la correspondencia y los papeles privados (...). No producen efecto legal los documentos privados que fueren violados o sustraídos”.

Sin embargo, algunos empleados de la ABC apoyan la iniciativa de Patricia Ballivián. “El que nada hace, nada teme. Nadie se opuso a la medida, no he escuchado ninguna voz contraria”, sostuvo una empleada de la entidad.

La semana pasada, cuatro funcionarios de la ABC fueron destituidos de sus funciones por supuestos hechos de corrupción.

Entre ellos están el ex gerente general Roberto Arauz, los técnicos Huáscar Criales, Fernando Zegarra y Denisse Arratia. Estos tres últimos permanecen con detención domiciliaria. El caso está en manos del Ministerio Público.

Iniciativa de los empleados

La presidenta ejecutiva de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Patricia Ballivián, dijo ayer, a manera de descargo, que la investigación que se realizará a los funcionarios de la entidad pública fue iniciativa de los propios empleados.

“Yo creo que la gente no tiene nada que esconder, (porque) pone a disposición toda la información disponible”, precisó.

Ballivián entregó ayer a los medios de comunicación una carta de los empleados, en la que éstos se comprometen a brindar toda la cooperación necesaria. “En el ámbito de la transparencia de nuestros actos, manifestamos nuestra conformidad con el proceso de investigación”, señala una nota remitida a la presidenta de la ABC. Firman 14 empleados de la gerencia jurídica.