Fiscalía amplía pesquisa a 7 funcionarios de la ABC El Ministerio Público de La Paz convoca, a partir de hoy, a declarar a los otros funcionarios de la ABC. Actualmente hay tres técnicos de la entidad caminera con detención domiciliaria.
CAMINO A YUNGAS • Cotapata-Santa Bárbara tiene una serie de fallas. En su momento se denunciaron irregularidades.
Al menos 10 funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), incluidos los tres con detención domiciliaria, son investigados por la Fiscalía en el caso del supuesto cobro irregular de 27 millones de bolivianos a empresas constructoras.
El fiscal asignado al caso, Marco Antonio Vargas, informó a este medio que para hoy fueron convocados tres funcionarios de rango intermedio de la ABC al Ministerio Público, para prestar sus declaraciones sobre el caso.
“Están siendo investigadas. En realidad son tres ya los detenidos con arresto domiciliario, y las otras (personas), de manera referencial, se tomará sus declaraciones para que nos puedan, de alguna forma, colaborar en los indicios que puedan haber en los hechos delincuenciales”, precisó.
El representante del Ministerio Público señaló que tras la declaración de las personas convocadas, se determinará su situación jurídica. “Claro, obviamente depende de las declaraciones. Se hará un cotejo de las declaraciones (para establecer) si tienen o no que ver en este caso, para poder después proceder”, agregó el fiscal Vargas.
Desde el fin de semana, los técnicos de la Administradora Boliviana de Carreteras: Huáscar Criales, Fernando Zegarra y Deniss Arratia permanecen bajo arresto domiciliario por instrucción de la juez Betty Yañíquez, del juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal Cautelar de la Corte de Justicia del Distrito de La Paz, a fin de evitar la obstaculización de las investigaciones. En este caso también estaría involucrado el ex gerente general de la ABC Roberto Arauz.
Estos funcionarios deben responder por los delitos de peculado, legitimación de ganancias, uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo y cohecho pasivo, según la denuncia planteada por la entidad.
Según la jueza Yañíquez, “existen indicios que los investigados serían con probabilidad autores de los mencionados delitos que pesan en su contra”. El presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Cabolco), Iván Bustillos, sostuvo que la institución se mantiene inicialmente como observadora en este proceso. Si se comprueba la participación de alguna empresa en hechos irregulares, será sancionada de acuerdo a la gravedad del proceso”, afirmó el ejecutivo.
El caso se encuentra en la fase preparatoria, la misma durará 60 días, para luego ingresar al proceso como tal. En este tiempo, el representante del Ministerio Público que lleva adelante el caso recolectará los elementos de convicción para poder posteriormente, si el caso amerita, acusar con la prueba correspondiente.