El fiscal Marco Antonio Vargas pidió permiso a tres de los ahora implicados en el caso del supuesto cobro irregular de dinero a empresas constructoras, para revisar los archivos de sus computadoras. El abogado de los acusados, Alberto Morales, no se pronunció sobre el tema.
La jueza Betty Yañíquez, del Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz, informó de los actos del fiscal, en base a la relación de hechos que cursan en su despacho.
“Pide la anuencia de las personas que estaban a cargo de las computadoras, los señores: Deniss Alberto Arratia Gonzales, Huáscar Yamil Criales Cruz y Fernando Guillermo Zegarra Calvo, y con la colaboración del ingeniero de sistemas de la ABC, (J.S.), procede a revisar”.
Yañíquez relató que “luego de la revisión, se pudo evidenciar de manera flagrante que existían conversaciones electrónicas y envíos de correos electrónicos donde trataban, de manera ilegal, formas de pago y montos de dinero para beneficiar en algún proceso de licitación y contratación de construcción de carreteras a determinadas personas”.
Para el efecto, utilizaban una serie de claves en cuanto a los montos y personas que intervenían en dichos actos. Estos indicios determinaron la detención bajo arresto domiciliario de los tres funcionarios públicos.
Este medio intentó contactarse con el abogado de los acusados para conocer la versión de sus defendidos, pero vanos fueron los intentos. Su teléfono móvil estaba desconectado.
Similar situación se presentó con el ex gerente general de la entidad caminera Roberto Arauz.