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El relator del proceso, Joaquim Barbosa, leyó un legajo de 50 páginas que sintetiza las acusaciones formuladas en marzo del 2006 por el Procurador General de la República, Antonio Fernando de Souza.

Souza tuvo luego una hora para sustentar sus cargos de lavado de dinero, evasión de divisas, corrupción activa y pasiva, peculado y formación de banda; los alegatos de la defensa, por la tarde, negaron esas acusaciones.

Entre los sospechosos figura José Dirceu, ex jefe de gobierno de Lula; el ex presidente del PT José Genoino; el ex Tesorero de la organización Delubio Soares; varios ex ministros y diputados de cuatro aliados del PT, así como empresarios y banqueros.

El núcleo principal del esquema, según la denuncia, estaba liderado por Dirceu y se proponía “garantizar la continuidad del proyecto de poder del PT, mediante la compra de apoyo político de otros partidos y la financiación futura y pasada (pago de deudas pendientes) de sus campañas electorales”.

El dinero, vertido el 2003 y 2004, habría procedido del desvío de fondos públicos, a través del publicista Marcos Valerio y de dos bancos en Brasil.

Por lo menos 55 millones de reales (unos 27,55 millones de dólares al cambio actual) circularon por los canales de Valerio, sostiene el informe.

El PT niega esa conspiración, aunque reconoce que tenía una contabilidad paralela para financiar campañas electorales.

El nombre de Lula no figura en el acta de acusación de ese escándalo, que desbarató el núcleo de sus más estrechos colaboradores el 2005 y puso en peligro la continuidad de su mandato así como su reelección. Brasilia, AFP