Los pactos mínimos imprescindibles
Horst Grebe López*

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Los hechos de violencia que se han registrado en Sucre y La Paz los últimos días parecen constituir apenas el comienzo de un prolongado período de nuevos conflictos y enfrentamientos políticos, que se extenderán en el futuro inmediato por todo el país, con consecuencias que todavía no se pueden evaluar ahora en todo su alcance. Dichas confrontaciones tienen orígenes diversos, localizados algunos en problemas no resueltos de larga data (como los desequilibrios entre las regiones en términos de poder económico y político), y otros derivados de las tensiones inevitables que trae aparejado un proceso de profundos cambios estructurales conducido por un liderazgo sin mayores capacidades ni intenciones de combinar diferentes métodos y estilos de acción política en cada uno de los escenarios institucionales o callejeros.

En lo inmediato, los desbordes ocurridos en Sucre no son la expresión de demandas sociales puntuales de los vecinos de esa ciudad; se trata, en cambio, del planteamiento de una reivindicación histórica que está siendo instrumentada por otros actores políticos interesados en cambiar el curso previsto inicialmente para las deliberaciones de la Asamblea Constituyente. Las fuerzas del oficialismo y de las diferentes oposiciones políticas y regionales atizan en consecuencia los enfrentamientos callejeros, en muchos casos los provocan y en ninguno hacen esfuerzos para atemperarlos o evitarlos.

Se percibe, por otra parte, una notable asimetría en las acciones de las fuerzas de seguridad según se trate de unos u otros sectores que provocan hechos de violencia, alteración del orden público y vandalismo. Y esto se registra además de una manera poco profesional y completamente parcializada por parte de los medios de comunicación.

En La Paz, el procedimiento empleado para defenestrar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional ha puesto a su turno de manifiesto la intención de provocar un vacío de control constitucional y vigencia del Estado de Derecho, mientras el oficialismo adopte las medidas para minimizar el costo político de la reconducción de la Asamblea Constitucional en uno u otro sentido. La aprobación forzada de un texto constitucional en grande se ofrece a tales efectos, siempre que el control constitucional esté neutralizado.

Si ya es evidente a todas luces que la Asamblea Constituyente no será el foro de un pacto nacional de tipo refundacional, resulta imprescindible la adopción de algunos acuerdos para garantizar la gobernabilidad del país en el futuro inmediato, cualesquiera que sea el desenlace en materia de reformas constitucionales, duración de la actual gestión de gobierno, realización de las próximas elecciones generales y destino de las autonomías, entre otros.

Conviene tener en cuenta que las condiciones generales de la economía se han venido modificando y demandan cada vez mayor atención en varios ámbitos. También exigen una atención gubernamental reforzada las relaciones con el exterior, que incluyen iniciativas puestas en marcha desde nuestro propio país y asimismo respuestas ante las acciones desplegadas por parte de otros países.

Se precisa en consecuencia un número limitado de acuerdos de gobernabilidad, que tendría que ser negociado y suscrito con la participación de todos los actores estratégicos, es decir por parte de todos aquellos que cuentan con instrumentos de poder capaces de cambiar la correlación vigente de fuerzas y sus acomodos institucionales correspondientes.

*Horst Grebe L.
es economista.