Democracia y la “ruptura” pactada
Jorge Lazarte R.*

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“Cabildos abiertos” de centenares de miles, paros departamentales no vistos en el país, movilizaciones de miles de indígenas y campesinos; huelgas de hambre que se cuentan por decenas, etc., conforman la escena coyuntural de la política. Parecerían aprestos de quien es más en una “guerra de posiciones”, que precede a la “guerra de movimiento”. Las alarmas ya han sonado desde todos los lados, desde dentro en los repetidos temores de confrontación abierta, y desde fuera de un país “al borde del fracaso”.

La crisis abierta y múltiple desde principios de los años 2000 encontró una salida en las elecciones de diciembre del 2005, pero no fue la solución al problema. Esas distintas crisis pusieron en cuestión toda la estructura del poder en Bolivia, y no solamente el poder político o el gobierno del país. Los resultados de diciembre redistribuyeron el poder gubernativo en favor de los que actualmente gobiernan y representan, y quedó pendiente todo lo demás, es decir el resto del control del poder de Estado, del poder económico, del poder social y del poder cultural.

El país está en una coyuntura de transición histórica en la que la disputa es, en primer lugar, por la dirección del cambio, que es saber hacia dónde debe encaminarse el país; en segundo lugar, el cómo del cambio, que es decisivo en democracia. La respuesta al qué y al cómo dependen del resultado de la disputa por el poder en Bolivia. Por lo menos esta es la percepción dominante en las altas esferas del Movimiento al Socialismo (MAS) y del gobierno, que han condensado lo que piensan en la fórmula de “revolución democrática y cultural”. Esta fórmula puede ser leída de distinta manera y en el fondo es contradictoria, pues a partir de ella puede entenderse, por un lado, que esa distribución de poder debe ser hecha por la vía “revolucionaria”, conforme a nuestro imaginario colectivo que tiene su referencia en abril de 1952; y por el otro, por la vía democrática, que es cambiar dentro de ciertos marcos.

En cuanto a la primera vía, no son pocos en el MAS que creen que si la “revolución” no se ha producido hay que producirla. Los otros, no necesariamente incompatibles con los primeros, prefieren en primera instancia, la vía “democrática”, que es la vía de la Asamblea Constituyente, que debería darles “pacíficamente” el poder que necesitan con el consentimiento de los “otros”. En ambos casos, lo que entienden por democracia no tiene mucho que ver con la democracia moderna, sino más bien con la fuerza de la multitud no democrática en sus códigos de pensamiento y acción.

La vía democrática, en el sentido primario y primero de “formas”, por lo menos tiene tres efectos en la “forma” de hacer los cambios. Por un lado, cambia el horizonte temporal (los cambios no pueden hacerse sino en el largo tiempo, incrementalmente); en segundo lugar, no opera sino por cambios o “rupturas” pactadas entre unos y ”otros”; y en tercer lugar, respeta el principio de legalidad. Estos son los límites democráticos a cualquier cambio “estructural” en la sociedad.

Vistas las cosas en perspectiva histórica y con los ojos del mundo actual, los cambios en general proceden por la segunda vía y no por la primera que es excepcional, y que se ha producido en situaciones históricas no democráticas. Allí donde hubo “revolución” no había democracia, y allí donde había democracia no hubo revolución. Está claro que en Bolivia las cosas no son muy netas. Con todo, la democracia “formal” ha funcionado hasta tal punto que hizo posible un gobierno como el actual, impensable en el pasado. En los hechos esta democracia no ha sido acompañada por un proceso de democratización en los otros ámbitos de la sociedad, sino de manera muy tenue, incompleta y en algunos casos, contradictoria, como el crecimiento de las desigualdades.

En algún momento dijimos en la Asamblea Constituyente que debemos completar la “revolución de la libertad” con la “revolución de la igualdad”, y no oponer esta última a la primera. La democracia moderna se ha construido con los dos atributos, aunque en distintos tiempos. En Bolivia ahora se tiene que hacer las dos cosas a la vez, lo que no es fácil, como demuestra la experiencia europea, pero que a pesar de todo lo ha logrado en comparación a otros continentes.

Lo que parece estar faltando en unos es la convicción de que los cambios pueden y deben hacerse en democracia y no contra ella, aunque se la invoque todo el tiempo con fines sólo instrumentales. En tanto que en otros la aceptación de que para no perder lo que tienen, deben dar su parte en ese proceso de redistribución democrática del poder. Por ahora los que dominan el escenario parecen ser los que apuestan a la vía “revolucionaria” y los que se oponen a ella, lo que está en el orden de las cosas. La vía democrática requiere grandeza en la victoria y madurez en las decisiones, y no la impaciencia que suele confundir justicia con revancha.

Hemos llegado a un momento en el que se debe definir cuál de las dos vías va a ser la que marque la historia del país, en una elección con consecuencias para todos. Una es de la “suma negativa”, donde pierden todos, y la otra es de “suma positiva”, en la que por lo menos existe la esperanza de que todos puedan ganar, o por lo menos no perder demasiado. El cambio en democracia y no fuera de ella y peor aún contra ella tiene sus costos en tiempo, pero tiene la certeza de que ahorra recursos y energías sociales y humanas que se pierden en tensiones y enfrentamientos.

La democracia es el poder plural y no su concentración, con equilibrio inestable, que se renueva cada cierto tiempo. Es poder “protempore”. Por ello mismo, no se puede invocar a la democracia y pretender el poder total con la idea de que así se rompe el “empate catastrófico”. La democracia es “empate” siempre provisional, y lo catastrófico es pensar que no lo es. Lo sensato es detenerse a tiempo aunque sólo sea por cálculo de intereses y no pasar de la “guerra de posiciones” a la “guerra de movimientos”. La responsabilidad está en primer lugar en los que tienen el gobierno del país y la fuerza y el deber de hacerlo.

*Jorge Lazarte
es asambleísta independiente.