En días recientes, la disputa entre Sucre y La Paz por la capital de la República se ha convertido en el tema de mayor resonancia y atención a lo largo y ancho del país, poniendo en duda la continuidad de la Asamblea Constituyente. El apasionamiento que ha despertado, no ha venido acompañado de un solo intento serio de análisis. Sin embargo, a pesar de los riesgos que implica para la supervivencia de la patria, el debate en torno a la ubicación del “núcleo vital” del Estado nacional es imperativo e impostergable. Pero, ¿cuáles son las razones para asumir ahora el mayor desafío que Bolivia enfrente desde su fundación?
Antes de responder a esta pregunta, convendrá anotar que en el pasado la situación estratégica de Bolivia en el continente americano ha dado pie a una serie de análisis geopolíticos foráneos dirigidos en lo fundamental a explicar la conquista del “heartland” sudamericano identificado con el denominado “triángulo mágico” conformado por Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, por parte de los países vecinos. Un denominador común de estas interpretaciones ha sido la falta de una discusión analítica no sólo acerca de la definición específica del núcleo vital del país como tal, sino también de su consiguiente potenciamiento. Esta omisión podría ser una de las causas de la debilidad actual del Estado nacional.
En este trabajo se argumenta que existen dos razones estrechamente relacionadas para iniciar de manera inmediata el debate sobre la ubicación de la capital de la República. En primer lugar, se tiene conocimiento de que en los siguientes años (esto es, hasta el año 2010 aproximadamente) se producirá una enorme demanda de litio en el mundo. Por primera vez en la historia, se ha empezado a hablar sobre la posibilidad real de equipar todo el parque automotor de la tierra con baterías de ión-litio, tarea que requerirá consumir más del 35% de las reservas de litio existentes en la costra terrestre. Al presente, la tecnología de las baterías ión-litio es vista por las principales fábricas de autos en los Estados Unidos como la única opción disponible para la activación viable de carros eléctricos. En adición, la investigación desarrollada actualmente alrededor del mundo sobre baterías está centrada casi exclusivamente en ión-litio. Como se sabe, Bolivia posee alrededor del 50% de las reservas mundiales de este material estratégico, por lo que la decisión tomada por la industria automotriz global pondrá una enorme presión de los países desarrollados sobre la explotación de las reservas más grandes del planeta existentes en el Salar de Uyuni. Debido a la fragilidad del núcleo vital del Estado nacional, este acontecimiento podría poner en grave riesgo la viabilidad del país.
En segundo lugar, el hecho de que el 75% de la base de reservas del metal más liviano y electronegativo de la Tierra se encuentra en una sola región del mundo, más propiamente en el área conformada por Bolivia, Chile, Argentina y Brasil, añadirá un elemento más a la conflictiva situación que podría atravesar el país en relación con sus países vecinos. Este hecho, a su vez, ha comenzado a generar una gran preocupación en algunos círculos científicos y de análisis estratégico de los países desarrollados, por cuanto la transición definitiva de la industria automotriz global hacia la propulsión eléctrica podría simplemente convertir su actual dependencia de petróleo del Medio Oriente en una sujeción a los recursos de litio existentes en el Cono Sur del continente americano.
En este contexto, queda por demás claro que ni los motivos históricos (defendidos por Sucre) ni los derechos conseguidos como resultado de la Guerra Federal (planteados por La Paz) serán suficientes para convencer al conjunto de la ciudadanía de cuál posición le conviene al país. Así planteada la temática, resulta también evidente que tendría que haber sido tarea de la Asamblea Constituyente iniciar este intercambio de razonamientos desde una perspectiva más amplia por cuanto están en juego los más altos intereses de Bolivia. Como quiera que las dimensiones del asunto superan con creces las de cualquier otro tema considerado en el cónclave de Sucre, vale la pena inquirir si los demás actores del actual proceso de transformación nacional tendrán la capacidad suficiente para enfrentar un reto de semejante magnitud.
*Juan Carlos Zuleta C. es economista.
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