¿Con el testamento bajo el brazo?
Juan Cristóbal Soruco Q.*

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

El 29 de agosto se ha dado, desde el poder, una muestra más de que el sectarismo y el revanchismo que guían a las autoridades están llevando al país al caos y la dictadura. Como antes se atacó a los ex presidentes del Servicio Nacional de Caminos y del Banco Central de Bolivia, el ministro de la Presidencia, capitán (r) Juan Ramón Quintana, arremetió, desde Palacio de Gobierno, en contra de Wálter Guevara Anaya, Carlos Hugo Molina, Roberto Barbery, Luis Luna, Rubén Ardaya e Iván Arias, intentando descalificarlos por trabajar (o haber trabajado) en algún proyecto de Usaid y haber sido (o ser) funcionarios públicos, como si esto fuera un delito.

Hay que aclarar que todos ellos tienen varias cualidades en común: ser parte de quienes han aportado a la recuperación de la democracia en el país, que en estos 25 años han apoyado a su institucionalización y han mostrado ejemplar probidad en su paso por la función pública.

Se trata de cualidades que el agresor y muchos de sus conmilitones no pueden mostrar. El dignatario de Estado fue un leal servidor de Fernando Kieffer cuando éste era ministro de Defensa del gobierno de Hugo Banzer. Estuvo en esa repartición cuando se hacía corrupción con las donaciones para los damnificados del terremoto del Cono Sur de Cochabamba o se compraba irregularmente un avión Beechcraft y se agregaba un “plus” en dólares a los salarios de la mayoría de los funcionarios. También fue parte de un grupo de personas convocadas por la Iglesia Católica para ayudar a encontrar caminos pacíficos para el fortalecimiento de la democracia el 2003, ocultando sus preferencias políticas que se desenmascararían dos años más tarde. Por tanto, actuó de manera doble, ya que documentos y negociaciones que se realizaban aún eran reservados.

Además, el ministro Quintana también ha agredido a reconocidos profesionales como, entre otros, Juan Carlos Urenda, José Carlos Campero, Franz Barrios, Cecilia Bonadona, Luis Carlos Jemio, Eduardo Antelo, Diego Ayo, Marcelo Rengel y Juan Brun, porque en algún momento fueron funcionaros públicos o trabajaron como consultores de Usaid.

Pero, ¿quién es este funcionario para descalificar —violando derechos fundamentales como a emitir libremente opiniones y al trabajo— a quien piense distinto a él? Ser una autoridad de un régimen crecientemente autoritario que quisiera reconvertir a Bolivia en el reino del arbitrio y el sometimiento a los deseos y designios del mandamás de turno.

En ese contexto y más allá de explicar esta actitud como distraccionista para desviar la atención de la derrota política sufrida por el Gobierno con el paro cívico del martes pasado, el contenido y la forma de la agresión del ministro Quintana han hecho que muchos hombres y mujeres que queremos vivir en democracia y en un estado de derecho, recordemos a Luis Arce Gómez cuando advirtió a quienes no comulgaban con la dictadura de la que era ministro del Interior, de “caminar con el testamento bajo el brazo”.

Conviene recordar que en nuestra historia los bolivianos no hemos aceptado a dictadores y finalmente siempre los hemos derrotado. Habemos ciudadanos que seguiremos trabajando en lo que queremos y emitiremos las opiniones que veamos conveniente mientras se mantenga el sistema democrático. Y que también estaremos dispuestos a defender este sistema de libertad de quienes quieren destrozarlo, como se hizo durante las dictaduras y como parece ser el caso del funcionario agresor, que fue parte del estamento que las respaldaba.

*Juan Cristóbal Soruco Q.
es periodista.