L a noticia de esta semana fue que dos tercios de las regiones de Bolivia pararon en protesta y rechazo a las actitudes que asumió el Gobierno, respecto a la Asamblea Constituyente, la independencia del Poder Judicial, las autonomías departamentales y en legítima defensa de la democracia y sus instituciones, que es patrimonio inalienable e imprescriptible de todos los bolivianos.
Que en algunas de estas regiones el paro fue parcial y en otras no; que en algunos departamentos no incluyó al sector rural y en otros sí, son temas que podremos discutir más adelante. Sin embargo, lo cierto es que, tal como lo vimos en la televisión, las principales ciudades de estos departamentos pararon y esto es algo que debería llamar a la reflexión de los gobernantes.
Debería llamar a la reflexión de los gobernantes, porque esto significa que existe un importante segmento de la población que, abiertamente, está demostrando no estar de acuerdo con la forma en que el Gobierno está tratando algunos importantes temas de la democracia. Significa también que la oposición al Gobierno no es ni parece ser tan insignificante como éste supone. Claramente manifiesta también que el país es sensible cuando se amenazan los derechos democráticos de sus habitantes y que, el hecho de haber ganado las elecciones con el 54 por ciento no le da ninguna prerrogativa al partido gobernante de administrar el país y su democracia como le dé la gana.
Y ¿qué es lo que piden las regiones? Piden que la Asamblea Constituyente no se aparte del principio constitucional de los dos tercios para aprobar el nuevo proyecto de Constitución, que es la mayoría calificada que requiere la actual Carta Magna para permitir cualquier enmienda constitucional. Reclama la desnaturalización de la Asamblea Constituyente —acordada con los políticos de oposición— al haberse introducido la extraña figura de aprobar informes por mayoría y minoría, que deben ser sometidos a un segundo referéndum, que liberan a la Asamblea Constituyente de la obligación que tiene ésta de buscar la concertación. Por último, demandan el derecho que tienen todas las regiones del país de discutir el tema de la capitalidad o cualquier tema constitucional en el seno de la Constituyente.
Junto a estos temas, las regiones piden también que se respete la independencia de poderes, que es un elemento esencial para la democracia y el balance de poderes, y que se acate el carácter vinculante de las autonomías departamentales, aprobadas mediante referéndum, para las regiones que así quisieron hacerlo, evitando los juegos pirotécnicos constitucionales, que terminen por anular sus efectos o neutralizar sus acciones.
En otras palabras, basta de tratar de controlar el Poder Judicial, que no es ninguna propiedad del partido gobernante o una prolongación del Poder Ejecutivo, sino de los propios bolivianos, y basta de inventar ingeniosos artificios políticos destinados a neutralizar el principio de las autonomías departamentales, ya aprobadas por un referéndum.
Lamentablemente, en vez de reflexionar sobre estos argumentos que son serios y son responsables, algunos funcionarios del Gobierno, como de costumbre, han reaccionado de mala manera, acusando a las regiones de conspirar y de oponerse al cambio. Está demás decir que estas desgastadas reacciones cada vez pierden más credibilidad ante la población y la opinión pública. Por otro lado, el Gobierno y el partido gobernante tienen que entender, de una vez por todas, que nadie está obligado de acompañar el cambio, a no ser que este cambio sea aprobado por dos tercios de la Asamblea Constituyente.
Como dijimos anteriormente, los dos tercios requeridos para la Asamblea Constituyente es la mayoría calificada que requiere nuestra Constitución Política del Estado y la de la mayor parte de los países del mundo para aprobar los cambios constitucionales. Que por favor no les falle la aritmética. No es ni el cincuenta más uno por ciento ni la simple mayoría; es el 66,67 por ciento. ¿Entendinquichu manachu?
*Juan L. Cariaga es economista y escritor.
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