Uno de los momentos más difíciles que me tocó afrontar como gobernante fue aquel en el que sentí que la unidad del país parecía correr riesgo. La idea de que el legado que recibí pudiera quebrarse fue siempre algo que conmovió mis fibras más íntimas y sobre todo, me planteó preguntas esenciales sobre la carga que me tocó al tomar
decisiones que eventualmente provocasen división en el país. Hago esta reflexión con el solo objetivo de intentar entender lo que hoy nos está ocurriendo y para desbaratar la idea perversa de quienes se fueron advirtiendo, como pájaros de mal agüero, que lo que vendría después de ellos sería la balcanización de Bolivia, si se tomaban dos decisiones que para ellos eran impensables.
Los dos temas centrales del debate son, qué duda cabe, la Asamblea Constituyente y las autonomías. Empecemos por el segundo. El Presidente y su gobierno en una lectura totalmente equivocada de la historia (paradójicamente, pues leyeron correctamente la historia en otros temas importantes), partieron de la premisa de que el Sí a las autonomías era el Sí a la oligarquía ultra conservadora de una región, no por nada la más poderosa del país, y decidieron pedirles a sus seguidores que votasen por el No, con lo que consiguieron dos efectos: el primero, además de dividir al país, retrasar un proceso irreversible y necesario, y, el segundo, regalarle a esa oligarquía a la que combaten la bandera más poderosa alrededor de la cual las elites intentan salvar del naufragio los petates que huelen ya a podrido, porque pertenecen a otro tiempo hundido en las naves que ellos mismos ayudaron a barrenar. La autonomía como concepto de profundización de la descentralización, pero sobre todo de la democracia regional, local e indígena, es un imperativo para todo el país. Ese No de cinco departamentos lo paga el Gobierno y Bolivia. Cuando me comprometí militantemente con las autonomías el 20 de abril del 2004, no hacía otra cosa que responder a la historia. Afortunadamente queda libre cualquier sospecha de connivencia en esa decisión con los poderosos que se encargaron de comenzar el proceso de nuestra desestabilización.
Por eso, el objetivo principal del Ejecutivo en este tema debiera ser, desde una postura razonable (palabra que no está reñida con la idea de revolución), llevar a los cinco departamentos del No a un Sí rotundo vía referéndums departamentales, reconocer rápidamente y con justicia los alcances de las autonomías departamentales ya ganadas, aplicar las autonomías indígenas en los municipios y mancomunidades indígenas que de hecho ya tienen buena parte de esa autonomía indígena conquistada y garantizar que las relaciones entre autonomía departamental y municipal no sean de imposición ni subordinación, sino de coordinación. Finalmente, se debe establecer la idea de solidaridad y compensación como un principio ético, desde y hacia el Estado central, las regiones y los municipios.
En la Asamblea Constituyente la cuestión depende única y exclusivamente de una premisa central. Si lo que Evo Morales quiere es encarnar un proyecto mesiánico, irá él, su partido y el país a un desenlace sino trágico, cuando menos dramático. Si lo que quiere encarnar, en cambio, es un proyecto de cambio como proceso colectivo, debe comenzar por reencauzar el sentido democrático de la Asamblea que se ha perdido casi totalmente. En esto, lo que vale para Evo vale para Tuto y las regiones opositoras. La Asamblea no es el Congreso, no se puede manejar como el Congreso, porque aquí lo que debemos hacer es una construcción de acuerdos esenciales, esa fue mi idea recogiendo el clamor popular y la dramática realidad de la violencia en la que estábamos sumidos, al convocar a una Asamblea Constituyente el 17 de octubre del 2003. La Constitución no debe definir una hegemonía, eso no sólo es peligroso sino inevitablemente confrontador. El resultado será un país peligrosamente polarizado en un momento en el que la unidad no es una palabra hueca de discurso, sino una necesidad crucial de sobrevivencia nacional.
No se trata de consagrar el viejo modelo a título de acuerdo, se trata de construir un modelo nuevo en el que la gran mayoría nos sintamos representados. Pero si los temas de vida o muerte de los asambleístas están referidos a la capital o a la reelección del Presidente, es que hemos perdido el norte. De lo que se trata es de reconstruir un pacto roto, el quiebre entre Estado y sociedad, afirmar la idea de que la ley es un bien superior sin el que no podremos convivir como seres humanos civilizados y tolerantes (no en la acepción occidental, sino universal del termino de civilización). ¿O es que no nos damos cuenta de que desde hace siete años la anomia está carcomiendo al país como un cáncer y que ni el propio Evo Morales tiene control sobre los denominados “movimientos sociales”, que funcionan como organismos autónomos generando el conflicto y la crisis como un modo de vida al que como sociedad asediada y enferma nos estamos acostumbrando? Si el actual gobernante no puede con ello, qué nos hace suponer que otro que no sea él, podrá.
Evo debe entender que el cambio profundo del país debe hacerse en democracia (real, no retórica, ni basada en la idea de que “la democracia revolucionaria soy yo”). La Asamblea debe replantearse en sus bases esenciales para encontrar los elementos que la hagan viable y capaz de hacer una Constitución no para este gobierno, sino para un largo futuro. La oposición debe entender que este Gobierno ha sido elegido por cinco años y que la idea es recuperar la estabilidad perdida respetando el veredicto popular. Si después de una nueva Constitución hay una nueva elección, que la haya, pero no para buscar a semidioses que nos conduzcan al paraíso, sino para descubrir cuán importante es la alternancia en el poder, aun dentro de un proceso de largo aliento que sólo logrará serlo en la medida en que sea capaz de aprovechar este momento único que estamos a punto de destruir, sin darnos cuenta de que la historia no nos ha ofrecido muchas oportunidades como ésta.
*Carlos D. Mesa Gisbert es ex presidente de Bolivia, periodista, historiador y político.
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