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“La Ley 2033 del Código Niño, Niña, Adolescente, que se promulgó hace siete años, demanda a las prefecturas brindar el servicio de terapias sicológicas gratuitas para las víctimas”, explicó Marco Antonio Gira, coordinador de la Plataforma de Atención Integral a la Familia, de la Defensoría de la Niñez de La Paz.

Según la autoridad, “en el país nunca hubo la voluntad política para asumir estos roles”.

Esta mirada es compartida por Marlene Acosta, directora municipal de Gestión Social y Género de El Alto, quien recordó que en el país no hay un hospital siquiátrico para niños que hayan sido víctimas de abuso sexual u otro tipo de maltrato. “No hay una política de atención al niño. A nivel nacional, los Servicios Departamentales de Gestión Social (Sedeges) tienen los presupuestos más bajos”.

En Cochabamba, la Alcaldía pretende reencauzar la responsabilidad del Estado con este sector. María Soledad Álvarez, directora de Equidad de Género y Generacional de ese municipio, aseveró que hasta el 2006, las direcciones de las Defensorías de la Niñez estaban a cargo de sociólogos, filósofos u otro personal sin competencia. “Desde esta gestión se empezó a contratar a gente avalada por sus respectivos colegios de profesionales”.

Sandra Coca, sicóloga del Sedeges de La Paz, explicó que a partir de esta gestión se creó una oficina que atiende a niños víctimas de violencia sexual, donde se cuenta con tres sicólogos que brindan terapias para que el niño esté consciente de que no es culpable de la agresión, y también se trabaja con el autoestima”.

Explicó que para los pequeños que sufrieron otro tipo de maltrato cuentan con un sicólogo en cada uno de los 14 hogares que administra la Prefectura y a los cuales llegan unos 500 casos al mes. “Ellos realizan las terapias de acuerdo a los casos”.