“Delitos” del Tribunal Constitucional
Loida Rodríguez*

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...sería muy lamentable para los bolivianos necesitar al Tribunal Constitucional y no tenerlo o contar con él pero viciado de ilegitimidad...
Quienes hemos sido víctimas de las dictaduras en los 70 y 80 y miembros de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia en esos difíciles años de persecución política, acogimos como un sueño hecho realidad la creación del Defensor del Pueblo y del Tribunal Constitucional, este último con la misión de velar por el cumplimiento de la Constitución y del Estado de Derecho, protegiendo con fuerza de ley a los ciudadanos cuyos derechos fundamentales fueran violados.

Lamentablemente, en las últimas semanas hemos estado asistiendo a un virtual linchamiento político-jurídico de los jueces de ese Tribunal, precisamente porque han venido cumpliendo su responsabilidad, sin cálculo político, resguardando siempre su independencia de las presiones de los gobiernos de turno.

Felizmente, el Senado de la República ha hecho justicia con el Tribunal Constitucional y sus magistrados, no sin el rechazo violento y ciego de los senadores masistas en la sesión camaral que decidió archivar el pretendido juicio de responsabilidades, cumpliendo los pasos procedimentales vigentes. Al Gobierno se le frustró, por el momento, su estrategia para gobernar por decretos, sin respetar las leyes —lo cual nos trae a la memoria los tristemente célebres decretos leyes de las dictaduras— y en lo inmediato, dejar sin competencia al órgano llamado a controlar los discutibles procedimientos que el MAS pretende imponer en la Asamblea Constituyente.

El vicepresidente Álvaro García ha dicho una y otra vez que los magistrados del Tribunal Constitucional no son ángeles ni dioses para no ser sometidos a un juicio, y no le falta razón, ya que el juicio de responsabilidades está previsto en la Constitución y en la Ley 2623, “Ley Procesal para el Juzgamiento de Altas Autoridades del Poder Judicial y del Fiscal General de la República” y los tribunos son conscientes, justamente por ello, de que su labor es sumamente delicada, de que sus criterios de puro derecho muchas veces no son comprendidos cayendo sus fallos en el terreno de la politización, realidad que han sabido asumirla como un desafío a su idoneidad profesional y a su actitud ética de apego a la ley y la justicia. Lo que sí rechazaron, en el vergonzoso acto de autoritarismo gubernamental que comentamos y que ojalá no se repita, es la negativa de sus eventuales juzgadores a garantizarles, como a simples mortales, el derecho constitucional al debido proceso, ya que en el periodo preparatorio del juicio de responsabilidades, se violaron todos los procedimientos establecidos, lo que parecía obra de dioses —o de demonios— ensoberbecidos por el poder.

Es curioso en todo caso, que los “delitos” de los que se acusó a los magistrados del Tribunal Constitucional hayan tenido la virtud de obligar al Congreso Nacional a designar a cuatro ministros titulares de la Corte Suprema de Justicia.

La Sentencia Constitucional 0018/2007 que motivó la ira del presidente Evo Morales. ¿Realmente “impidió y estorbó la función pública”, como dice una de sus acusaciones?, ¿o más bien contribuyó a su perfeccionamiento, con la designación legal de los nuevos supremos en maratónicas jornadas del Congreso, como debió haberlo hecho hace mucho tiempo? Este “despertar” congresal de mayoría masista, al cumplimiento de su deber constitucional, motivado por la cuestionada sentencia del Tribunal Constitucional ¿no es acaso una prueba fehaciente de que la misma es conforme a la Constitución?

A través de más de 15.000 fallos emitidos en ocho años, el Tribunal Constitucional logró hacer la diferencia entre un Estado autoritario y un Estado democrático de derecho, entre una Constitución meramente retórica y una Constitución para ser cumplida.

Por ello, sería muy lamentable para los bolivianos necesitar al Tribunal Constitucional y no tenerlo o contar con él pero viciado de ilegitimidad, incapacidad y convertido en botín político. De concretarse este absurdo —porque se lo seguirá intentando—, sin duda volverán los abusos de autoridad sin que nadie les ponga freno, la inseguridad jurídica, la retardación de justicia, el tráfico de influencias y de dinero para obtener justicia. Como sociedad, habremos echado por la borda una de las medidas más importantes de la reconstrucción de la democracia en Bolivia.

*Loida Rodríguez
es periodista. Trabajó en el Tribunal Constitucional hasta el 2006.