• CONFERENCIA EN SUCRE • Silvia Lazarte habla con los periodistas tras una reunión de la directiva en la que no se abordó el diálogo ni el conflicto provocado por la capitalidad.

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A un día que el vocero del Palacio de Gobierno, Álex Contreras, sugiriera a la Constituyente no acatar el fallo que anuló la exclusión de la capitalidad, el vicepresidente Álvaro García afirmó ayer que confían en que las instituciones cumplan las leyes.

Consultado si ello implicaría respetar el fallo de la Corte de Distrito de Chuquisaca sobre la restitución en el foro de la capitalidad, preguntó si acaso “¿lo que emitió una Corte es una ley?”.

El sábado, la justicia se pronunció a favor de un amparo constitucional que anuló la resolución del 15 de agosto donde se determinó, con apoyo del MAS, vetar el debate sobre la capitalidad plena que exige Chuquisaca.

La presidenta del foro, Silvia Lazarte, descartó que se revise la resolución del 15 de agosto, en coincidencia con la determinación de la Cumbre Social, que instruyó rechazar el fallo de la Corte de Distrito de Chuquisaca.

En una posición opuesta, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Sandóval, explicó que ninguna persona o institución puede excluirse del cumplimiento de la ley y los fallos judiciales porque se exponen a ser sometidos a un proceso legal bajo el Código Penal.

´No se puede dejar de acatar un fallo, porque entonces vendría una anarquía´, expresó Sandóval al referirse a la decisión de la directiva de la Constituyente, apoyada por el Gobierno y los movimientos sociales, de no acatar el fallo sobre la capitalidad.

El presidente del Comité Interinstitucional, Jaime Barrón, compartió esta posición y demandó al gobierno de Evo Morales y al MAS cumplir el fallo sobre la capitalidad para Sucre.

Sandóval recordó que ninguna persona está al margen de las sanciones que prevé la ley en caso de, por ejemplo, el desacato.

´Ese fallo tiene que acatarse porque dice así la ley del Tribunal Constitucional, no se puede dejar de acatar, porque estaría en desobediencia judicial. (…) Si no acatan, caen en las previsiones del Código Penal´, expresó al responder que esa norma establece una pena de entre dos a seis años de cárcel para las infractores.

En este mismo análisis, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Luis Vásquez, explicó que las determinaciones de la justicia deben cumplirse en el marco de las competencias establecidas en la propia Constitución Política del Estado.

“Decir que no va a cumplir un fallo judicial equivale a que un delincuente que ha cometido un delito diga: \'No voy a cumplir una sentencia judicial\'”, ejemplificó y agregó que “sería un mal precedente” que las autoridades del Gobierno alienten el desacato.

El decano de la Suprema, Jaime Ampuero, advirtió que sería catastrófico para el país que no se cumplan los fallos. ´Un país no puede existir sin un Poder Judicial, un país no puede existir sin leyes ni jueces que resuelvan las contiendas entre los particulares y el Estado´, expresó.

El artículo 34 de la CPE establece que los que incumplan un hábeas corpus o un amparo constitucional serán sometidos a un proceso penal.

SITUACIÓN

Gobierno • El Ejecutivo y el MAS se pronunciaron por no acatar el fallo judicial que restituye el tema de la capitalidad.

Respuestas • La Corte Suprema de Justicia recuerda que el desacato a las leyes y fallos judiciales está tipificado en el Código de Procedimiento Penal.

Oposición • Podemos dice que alentar el desacato genera un precedente funesto para la legalidad y la justicia en el país.