La acción política y sus posibilidades de realización se encuentran limitadas por la implacable línea del tiempo y por un marco de oportunidades específico. En otras palabras, existe una “estructura de oportunidades” constituida por un conjunto de relaciones de fuerza y por aspectos particulares de la coyuntura que se convierten en condiciones para la acción política, aunque ciertamente no la determinan.
No es lo mismo por ejemplo, plantear el tema de la capitalidad plena en un momento crítico como el actual, en un contexto en que los equilibrios parecen volverse cada vez más precarios en torno a la Asamblea Constituyente, que hace tres o cuatro años, cuando el ex presidente Carlos Mesa realizó una argumentación histórica respecto al tema y que sólo mereció la atención de algunos entendidos en la materia y quedó plasmado en las páginas literarias de la prensa nacional.
No es lo mismo, por otra parte, implantar un proceso de cambios revolucionarios, cuando se han producido una serie de desplazamientos en las relaciones de fuerza que han limitado la acción gubernamental, que a fines del 2005, cuando se precipitaba la crisis del sistema político y las expectativas sociales giraban en torno a la necesidad de un cambio profundo en el país y se plasmaron en una votación mayoritaria y respaldo ciudadano al actual partido gobernante.
Tampoco resulta lo mismo, emprender la búsqueda de acuerdos políticos cuando las mayorías otorgan tal legitimidad que permiten plasmar una propuesta política, que cuando está a punto de naufragar uno de los proyectos políticos más importantes del Gobierno como es la Asamblea Constituyente.
Ni qué decir de los partidos o liderazgos tradicionales cuya estructura de oportunidades quedó anclada en el pasado, y ahora se encuentra absolutamente limitada a potenciar al máximo los resquicios de representatividad logrados en un escenario rebasado por los movimientos y organizaciones de la sociedad, por ahora más orgánicas y con mayor legitimidad.
Resulta pues, que la política no puede actuar al margen de estos condicionamientos que potencian, limitan o anulan los objetivos buscados, y quizás es un buen momento para llamar la atención de quienes aún tienen en sus manos la posibilidad de procesar los anhelos de cambio de la sociedad boliviana, que desde distintas vertientes se ha venido expresando en los últimos años, y que orientaron sus expectativas hacia una resolución democrática y dialogal mediante una Constituyente que está a punto de perecer.
Las encuestas de opinión sobre las expectativas ciudadanas en la Constituyente son cada vez más desalentadoras, más del 70% de la población ya no cree en este proceso, en esas condiciones ¿qué legitimidad podrá lograr la nueva Carta Magna?, ¿merecerá un voto positivo de la población? Si fracasa la Constituyente, ¿cómo se plasmarán las expectativas sociales de cambio? Lo cierto es que ni las autonomías departamentales, ni el Estado plurinacional, ni siquiera el conjunto de temas consensuados en las comisiones podrán plasmarse en un nuevo Estado.
La actual “estructura de oportunidades políticas” así como la escarpada trayectoria de la Constituyente, parecen interpelar al sentido común de sus protagonistas para buscar escenarios que al menos nos permitan avanzar sin caer al abismo.
*María Teresa Zegada es socióloga.
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