¿Control social comunitario?
Carlos Meyer Ayala*

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El actual Gobierno, con su ya conocida incoherencia y sin planes específicos para provocar el desarrollo cuando las condiciones están dadas gracias al buen comportamiento de la macroeconomía, nos sorprende con modalidades propias de un manejo autoritario y de pretender igualar las condiciones de vida de todos los bolivianos, sin darse cuenta de que ésta es una tarea imposible en un mundo donde juega la competitividad, la productividad y los mercados, que en suma son los que ofrecerán mejores días para la colectividad estratificada y no así obligada a vivir en comunidad y/o ayllu.

Me refiero concretamente al proyecto de ejercer como Estado, un “control social comunitario” en las empresas privadas y asimismo romper con el secreto bancario para descubrir las grandes fortunas de los pocos bolivianos que mantienen sus cuentas en la banca nacional.

Esta propuesta, rechazada enfáticamente por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y otras organizaciones afines, está sustentada en que la actividad privada está reglamentada en la propia Constitución Política, y sujeta al libre juego de la oferta y demanda y a la libre contratación, sin que ello signifique un atropello o explotación, como bien dijera un alto funcionario del Ministerio de Trabajo. La actual Constitución en su título Primero, artículo 135, establece que “todas las empresas establecidas para explotaciones, aprovechamiento o negocios en el país se consideran nacionales y estarán sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la República”. En este sentido, el juego está dado y con esta norma apuntalado por la legislación actual, no se puede concebir que el famoso control social que se desea imponer sea el organismo que vaya a normar la actividad privada, más aún cuando existe una fehaciente falta de institucionalización en el sector público, acompañado de autoridades que no poseen la capacidad técnica ni administrativa para adecuarse a los desafíos del “cambio”, que significan administrar y dirigir el Estado con eficiencia, obviando hacer política por encima de gestión y dejando la ideología para los fines netamente partidistas.

Pero lo lamentable es que una medida de esta envergadura significaría el suicidio industrial, comercial y empresarial de un país que está pretendiendo incorporarse a la economía mundial y que necesita de fuertes inversiones privadas para todos sus sectores con el objetivo de duplicar, si el caso se da, la producción boliviana para cumplir con los requerimientos del mercado interno y externo comprometidos.

*Carlos Meyer A.
es periodista, escribe desde Tarija.