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En base a estas denuncias y a estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Concejo Municipal aprobó una nueva ordenanza de la contaminación acústica (ruido) en el marco de la Ley 1333 de Medio Ambiente.

La norma señala los niveles de ruido permisibles e involucra al Ministerio Público como el organismo coercitivo para sancionar a los infractores. Esta medida pretende controlar la emisión de ruidos de la ciudad.

El estudio de la OMS determinó que el ruido no sólo es un problema ambiental, vecinal o de salud, sino incluso socio-económico, demostrando que el elevado ruido produce descenso en la productividad de las personas y también incide severamente en la disminución del precio de inmuebles. El Nuevo Día.