Juicio político e insubordinación
Franco Gamboa Rocabado*

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La resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reconoce a los pueblos indígenas del mundo el derecho legítimo a la autonomía y el autogobierno, no solamente brinda un escenario político más sólido al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fue la primera instancia de la ONU en promover los derechos políticos del mundo indígena, sino que impactará también en la Asamblea Constituyente de Bolivia, porque refuerza las concepciones de la Comisión Visión País donde el sector indigenista propuso un juicio o interpelación política al Estado que puede convertirse en las raíces para que los pueblos indígenas de Bolivia promuevan gradualmente una insubordinación hacia la legitimidad estatal como instancia de articulación nacional.

El presidente de Visión País, Félix Cárdenas, constituyente de Concertación Nacional (CN) por Oruro, redactó un documento político titulado Juicio al Estado Colonial y Neo-Liberal, donde sugería cómo organizar el trabajo de la comisión y cuáles serían los alcances políticos e ideológicos. “Para mí la esencia del juicio —creía Cárdenas— era una especie de educación popular para las masas, pues posiblemente no concluyamos la interpelación política en todas sus dimensiones pero, por lo menos, habremos dado el primer paso para analizar desde el punto de vista histórico de dónde venimos, qué hemos hecho con nuestro Estado, qué recursos naturales nos han saqueado y hacia dónde nos proyectamos en el futuro político como país, nacionalidades y culturas indígenas”.

El propósito principal del juicio era indagar los orígenes, contradicciones y problemas irresueltos de la bolivianidad. Qué sociedad buscaban las diferentes etnias y clases sociales para luego definir cuáles podrían ser las instituciones que más convenían al país. La principal orientación ideológica era predominantemente indigenista, pues el enjuiciamiento consistía en llamar a declarar a los “principales responsables del apartheid o segregación racial mediante una orden judicial”.

El documento de Cárdenas puede convertirse en un detonante de revanchismo que ahondaría las divisiones étnicas y fracturas sociales. Él mismo estaba consciente de los potenciales conflictos destructivos que erupcionarían si se aplicaba en su integridad el peso del juicio político. “El MAS se asustó cuando evaluó los alcances profundos del proceso, explicó Cárdenas; sin embargo, la visión de un nuevo país debía prepararse desde esta reflexión histórica, política e ideológica, porque el juicio era y es, inevitable”.

Las instituciones y los temas del juicio. Los documentos de discusión política planteados por la comisión convergían en el enjuiciamiento de las siguientes instituciones: a) el Estado español colonial; b) la Iglesia ibero-católica; c) el Estado republicano, reproductor de la discriminación racial hacia las comunidades indígenas en Bolivia; d) el Estado moderno de orientación occidental subordinado a los intereses de los Estados Unidos; e) las acciones y distorsiones políticas ocasionadas por las empresas multinacionales, especialmente por las empresas petroleras que llegaron con la Capitalización a partir de 1994; f) la ineficiencia y deslegitimación profunda del Congreso de la República; g) el Poder Ejecutivo; h) las escuelas, como estructuras reproductoras de visiones ideológicas dominantes que nunca desterraron la mentalidad colonial para sojuzgar a los pueblos originarios.

En opinión de Cárdenas, el MAS se equivocaba al ejercer un culto a la personalidad de Evo Morales, ya que lo dicho por el jefe era considerado sagrado, y de ahí que su discurso sobre descolonización y autogobierno indígena carecía de auténticas transformaciones que se adecuen a la realidad. “Hablamos de descolonizar pero reproducimos lo mismo en la vida cotidiana. Somos como la vieja izquierda que hablaba de revolución y después estaba muy cómoda en su casa”, reprochaba Cárdenas.

Aun así, el desarrollo del juicio no se cumplió según los alcances y objetivos previstos. Los encuentros territoriales con una agenda sumamente apretada y agotadora entre marzo y abril del 2007, rompieron el cronograma de un juicio político que fue apagándose como magno evento, frente a los medios de comunicación que asumieron la idea en los marcos de un exotismo sin impacto inmediato para las raíces del Estado moderno. De cualquier manera, inclusive los partidos considerados artífices y protagonistas de atropellos, discriminación y abuso del poder como el MNR, MIR y Podemos, presentaron sus propios alegatos y explicaciones históricas sobre el impacto de un juicio político.

Estas concepciones radicales indigenistas dieron lugar a documentos políticos de la Comisión Visión País, que efectivamente son un intento para reescribir la historia en Bolivia, entendida como un ciclo de memorias largas que también tratan de adaptarse a un mundo globalizado, complejo y difícil como el escenario de las revoluciones tecnológicas, la crisis ecológica a escala mundial y la dramática competitividad de la economía de mercado que todavía definían profundamente el carácter del siglo XXI.

En el fondo, el objetivo es explicar el subdesarrollo, así como el tiempo y recursos perdidos para reorientar las posibilidades democráticas de una transformación juzgada como vital, en función de reimpulsar a Bolivia con progreso material y resarcimientos políticos; empero, el proyecto de largo plazo es que Bolivia avance hacia un tipo de Estado denominado unitario plurinacional comunitario, descentralizado y con autonomías indígenas que reconoce la existencia pre-colonial de los pueblos indios, lo cual reconstituye las entidades territoriales indígenas que se transforman en el combustible para la insubordinación al tipo de Estado actual en Bolivia. Para Cárdenas, la visión de Estado expresa una comunidad multinacional cuya legitimidad propia apunta hacia una confederación y emancipación de las múltiples naciones indígenas en Bolivia.

*Franco Gamboa R.
es consultor.