• LA COCA EN ZONAS NO TRADICIONALES • La Asunta, en Yungas, se ha convertido en una zona de intensa producción de coca. En esa región, cerros enteros están llenos de la hoja.

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El Gobierno ratificó que elevará la coca legal a 20 mil hectáreas. Mantendrá el cato (8.000 hectáreas) en Chapare y que el estudio de mercado de la coca delimitará 12 mil ha para Yungas.

Una lista presentada por el Departamento de Estado de EEUU a su Congreso dejó exenta a Bolivia de sanciones diplomáticas y económicas porque consideró que “va camino a erradicar más de 5.600 hectáreas de coca este año”. Sin embargo, el informe señala que estas medidas han sido superadas “por la expansión de cultivos de coca en Bolivia, el tercer más grande productor de coca en el mundo. La política del gobierno de ‘cocaína cero, pero no coca cero’ se ha enfocado fundamentalmente en la interdicción, excluyendo sus otros componentes esenciales, especialmente la erradicación de cultivos de coca”.

Por este motivo, EEUU señala textualmente lo siguiente: “Animamos vehementemente al Gobierno de Bolivia a que su prioridad número uno sea la reducción y la eliminación final de los cultivos excedentes de (la hoja de) coca, una fuente principal de la cocaína ilegal destinada al hemisferio, Europa, Estados Unidos y de manera creciente a los ciudadanos bolivianos”.

Según declaró el ministro de Gobierno de Bolivia, Alfredo Rada, el Ejecutivo estima erradicar hasta diciembre de este año cerca de siete mil hectáreas de cultivos de hoja de coca, superando así la meta de cinco mil hectáreas que se había trazado para la presente gestión. “A diferencia de otras gestiones se superará la meta prevista dentro del marco de la política de respeto a los derechos humanos de los productores de coca, tanto de los Yungas como del trópico cochabambino”.

En las políticas para el control de drogas, Estados Unidos instó al Gobierno de Evo Morales “a revitalizar su estrategia nacional antinarcóticos, a eliminar la permisividad en los cultivos lícitos, a abolir la llamada exención del ‘cato’ y a fortalecer los controles sobre la venta de coca lícita”. El cato de coca es una extensión de 40x40 metros o 1.600 metros cuadrados. El 2004, tras una movilización en el Chapare, el entonces dirigente Evo Morales encabezó una negociación que arrancó al gobierno de Carlos Mesa esa concesión.

El acuerdo permitía la plantación de un cato de coca por familia en el Chapare, una zona establecida en la Ley 1008 como en transición (es decir, donde no está permitido el cultivo), hasta la realización de un estudio de la demanda legal de la coca, que hasta el momento no se realizó.

Ya como presidente, Evo Morales extendió el cato por familia a cato por afiliado, del Chapare lo llevó a las zonas no tradicionales de los Yungas, como Caranavi.

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, ratificó que se incrementará la coca legal a 20 mil hectáreas. “En Chapare cada productor tendrá un cato (8.000 has.). En Yungas, hasta el próximo año se terminará el estudio de mercado en tres fases: la delimitación del cordón del cultivo reconocida en la Ley 1008, el registro catastro y la delimitación de los cultivos sobre la base de 12.000 hectáreas (actualmente, la cantidad máxima de coca legal según la ley)”.

La lista, según la agencia AP, “fue enviada por el presidente Bush acompañada de un memorándum a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice. Se elabora cada año por mandato desde 1961 y sirve al Departamento de Estado como referencia para sus acciones diplomáticas y canalización de ayuda exterior”.

Para su elaboración se tomaban en cuenta factores, informa la AP, combinados entre ellos el geográfico, comercial y económico que “permite a las drogas el tránsito o producción pese a las medidas internas”.

El memorándum, fechado el 14 de septiembre, tiene comentarios sólo de los casos de mayor preocupación del presidente: Venezuela (que fue descertificada), Bolivia y Ecuador, en el Hemisferio Occidental. En la lista están también Afganistán, Bahamas, Brasil, Birmania (descertificada), Colombia, Guatemala, Haití, India, Jamaica, Laos, México, Nigeria, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

En su última parte referida a Bolivia, el informe de EEUU insta “a Bolivia a actuar para implementar una ley moderna contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo y a tomar medidas concretas para fortalecer y hacer cumplir de mejor manera los controles sobre los precursores químicos, así como su régimen de incautación de bienes”.

“El Gobierno se ha enfocado en la interdicción, excluyendo otros componentes esenciales, especialmente la erradicación”. (Informe)