Suxo denuncia enajenación de bienes de García Meza Las propiedades del ex dictador y sus colaboradores debían haber sido rematadas para resarcir daños civiles. Sin embargo, desaparecieron.
El Gobierno denunció ayer que 34 bienes inmuebles del ex dictador Luis García Meza, y de sus colaboradores condenados en el juicio en su contra, habrían sido enajenados con la ayuda de ex funcionarios de Derechos Reales y del Ministerio Público.
La viceministra de Transparencia, Nardy Suxo, denunció ayer presuntos actos de corrupción pública en la oficina de Derechos Reales e incumplimiento de deberes de parte del representante del Ministerio Público, por el desgravamen de 34 bienes inmuebles de propiedad de algunos sentenciados en el Juicio de Responsabilidades contra Luis García Meza, durante la gestión del ex presidente de la República Jaime Paz Zamora. Se cree que los bienes habrían pasado a manos de terceros.
El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Guillermo Vilela, dijo que fue gracias a la información de un ciudadano que se pudo obtener mayores datos respecto a este tema.
Suxo acotó que hasta el momento no se sabe cuál fue el destino final de estos bienes. “Lo extraño y curioso es que éstos habrían sido enajenados. No
sabemos en manos de qué personas están, pero han sido enajenados sin ninguna orden judicial al parecer por un lado, y en ello tienen responsabilidad los representantes del Ministerio Público que en ese momento eran dos: Ángel Baldivieso Echazú y Óscar Crespo Soliz, son las personas que tienen que responder”.
“Habría incumplimiento de deber y por otro lado funcionarios de Derechos Reales habrían permitido este hecho”.
El Tribunal Supremo, a través de la sentencia ordenada en el Juicio de Responsabilidades, dictaminó que García Meza y sus colaboradores deberían resarcir el daño civil ocasionado en cada caso, con tal motivo la Corte Suprema de Justicia ordenó a Derechos Reales el gravamen a escala nacional de los bienes del principal imputado y sus principales colaboradores, explicó Vilela.
Suxo afirmó que se realizarán acciones para establecer el grado de responsabilidad de los servidores públicos que participaron de las tramitaciones fraguadas. “De comprobarse el hecho, los responsables serán procesados. A su vez, los sentenciados podrían ser juzgados por un segundo delito al haber dispuesto los bienes gravados que debieron ser rematados para el resarcimiento de daño civil y cosas del Estado”. A la fecha, no hay datos sobre peticiones de resarcimiento de daños de la parte civil ni de otra instancia ley.