Constitución chilena y el mar
Ramiro Prudencio Lizón*

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El Canciller de la República ha manifestado últimamente que habría recibido informaciones de personeros chilenos indicando que la Constitución Política del Estado de Chile no permitiría una cesión territorial. Ellos habrían agregado que los que negocien tal cesión podrían ser llevados “a juicios”.

Cabe señalar que ésta es una mala interpretación de la Carta Magna de ese país, devengada de un decreto emitido durante el gobierno del general Pinochet, No. 890 de 26 de agosto de 1975, que actualizaba la Ley No. 12927, donde en su artículo 1º se decía que cometían delito contra la soberanía nacional los que “de palabra o por escrito o valiéndose de cualquier otro medio, propiciaren la incorporación de todo o parte del territorio nacional a un Estado extranjero”.

Como era previsible, dicho decreto causó gran preocupación en el Gobierno y en la opinión pública nacional de entonces, ya que en esos momentos se estaba llevando a cabo la trascendental negociación iniciada en el encuentro presidencial de Charaña, entre los generales Banzer y Pinochet; y en consecuencia, se exigió al Gobierno chileno una declaración al respecto.

Pues bien, el Canciller chileno de esa época, almirante Patricio Carvajal, cursó un memorándum al Gobierno boliviano, donde aclaraba los alcances del decreto, especificando que éste era aplicable sólo a los delitos cometidos por personas particulares, pero que no incluía a los gobernantes, ni mucho menos a los poderes del Estado encargados de su política exterior: el Ejecutivo y el Legislativo. Agregaba que estos poderes del Estado tenían plena facultad para suscribir tratados que modificasen los límites de Chile.

Lamentablemente, la Cancillería nacional carece actualmente de un grupo asesor o del Consejo Consultivo, integrados por personas con experiencia diplomática y con profundo conocimiento de nuestras relaciones internacionales, especialmente con Chile. Y es por ello que el canciller Choquehuanca se dejó impresionar por esos ciudadanos chilenos, los cuales han demostrado falta de conocimiento sobre el régimen interno chileno y del Derecho Internacional Público. Este último avala la potestad de cualquier gobierno del mundo y de su respectivo Congreso, para negociar y ratificar tratados internacionales que puedan modificar territorios.

Ahora bien, sería verdaderamente muy grave que nuestra Cancillería deseara ampararse en esos comentarios baladíes para justificar una posible negociación donde ya no se trataría de una cesión territorial a Bolivia. Ello es muy factible, porque si el país pretende un territorio costero con plena soberanía, deberá otorgar otro, de la misma dimensión, a Chile. Y hay todavía muchos bolivianos que se oponen a ese trueque, ya sea por un patrioterismo mal entendido, o por desconocimiento de la realidad internacional.

Evidentemente el asunto de la compensación territorial es “tabú” en Bolivia, lo que ha determinado que muchos de nuestros internacionalistas se dedicaran a estudiar otras posibles soluciones compensatorias y dejen de lado ese espinoso tema. Pero hay que tomar en cuenta que en Chile existe de todos modos esa ley que impide cesiones territoriales sin reciprocidad y, además, el hecho de que no hay país alguno en el mundo que aceptaría reducir la superficie de su territorio. Por lo tanto, obligatoriamente se debe negociar un canje de territorios, recibiendo Bolivia el corredor al norte de Arica, y entregando una región de la misma extensión a Chile. Y es importante recordar que el corredor ya nos fue ofrecido, mediante nota de 19 de diciembre de 1975. En el corredor estaban incluidos el aeropuerto de Chacalluta, el ferrocarril de Arica a La Paz y el camino Arica–Visviri, que está vinculado al de Charaña–La Paz.

Es necesario reiterar que existe un antecedente sobre el particular, el Protocolo de Canje de Territorios del 1º de mayo de 1907, mediante el cual se intercambiaron zonas fronterizas para mejorar la ruta del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. Y si nuestro país aceptó canjear territorios con objeto de regularizar mejor el tránsito de un ferrocarril, ¿por qué no lo haría por algo verdaderamente fundamental como es el libre acceso al mar?

*Ramiro Prudencio Lizón
es diplomático e historiador.