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“El plazo más breve sería 30 días, si en 30 días los afectados, que son los esposos Jakubek Marinkovic, no impugnan la resolución, el INRA estará facultado para considerar el desalojo. Si lo hacen (impugnar), (el desalojo) procederá si es pertinente cuando el Tribunal Agrario emita su sentencia”, explicó ayer la determinación el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.

Agregó que si el plazo transcurre sin impugnación, el INRA está obligado a intimar a estas personas para que abandonen el predio. Aseguró que persuadirán a la pareja (que es pariente en primer grado del presidente del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic) con el diálogo, pero si éste no da resultado se acudirá al uso de la fuerza pública.

La red ATB informó anoche que la defensa de Marinkovic impugnará el recurso. El abogado Juan Martínez declaró que “la resolución es política; la vamos a llevar a otra instancia superior, que es el Tribunal Agrario”.

El director del INRA, Juan Carlos Rojas, sostuvo que luego de realizar un análisis del proceso de saneamiento de Yasminka —que pertenece a Yasminka Marinkovic (hermana del líder cívico) y a Robert Jakubek— se determinó emitir una resolución declarando ilegal la posesión.

“Vamos a pedir a las personas que viven ahí que desalojen de forma pacífica, no es nuestro interés el violentar las acciones”.

Agregó que las tierras que sean desalojadas serán entregadas al pueblo indígena guarayos porque pertenecen a esa etnia.

Argumentan asentamientos

El Gobierno informó ayer que el asentamiento protagonizado por tres comunidades en el municipio de San Ignacio de Velasco (Santa Cruz) es legal y que estas personas pueden quedarse a pesar de la oposición de los dirigentes cívicos.

“Las tres comunidades han hecho su trámite legal de dotación hace bastante tiempo. En el marco de la ley y en el ejercicio de sus atribuciones el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) les ha aceptado su resolución y les autoriza el asentamiento”, dijo ayer viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.

Además, añadió que los campesinos van a ejercer su propiedad “les guste o no a los dirigentes cívicos de cualquier parte, y ojalá no sea necesario usar la fuerza pública para ello”.