Algo me queda claro dentro del confuso debate de la agenda política nacional, especialmente de los últimos acontecimientos que aparecen en primer plano, es decir, la Asamblea Constituyente y el acuerdo político que se está gestando para su continuidad, la inclusión del debate de la capitalidad y el emerger de una “junta democrática” de la mano de comités cívicos que buscan ser vanguardia de una propuesta autonómica y, germinalmente, ser la genuina oposición al Gobierno.
Lo que me queda claro, reitero, es que de la enunciación de un discurso en defensa de la “institucionalidad democrática”, se ha pasado a un proceso de movilización social que sólo se veía, en una magnitud similar, en una región (Santa Cruz); ahora se dice que son seis regiones, de las que una ya es un frente de batalla en la mismísima sede de la Asamblea Constituyente.
Se ha sedimentado la eficacia del discurso en un proceso movilizatorio. La gente en las calles nuevamente es parte de la construcción de la legitimidad política. Y ha permitido que los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas tengan que gestar un nuevo pacto, retomando sus funciones clásicas de representación dentro del sistema político en una democracia formal. Es, sin duda, un fortalecimiento de la propuesta liberal democrática, ahora en su versión conservadora.
Que existan movilizaciones sociales importantes capitalizadas por grupos conservadores no es una novedad. Si vemos a nuestros vecinos, la preocupación por los “nuevos movimientos sociales” incluye a aquellos que masivamente apoyan, por ejemplo, el endurecimiento de la ley ante el incremento de la criminalidad y la inseguridad ciudadana. En la Argentina, el caso del empresario Juan Carlos Blumberg, que asumió protagonismo político creciente por la muerte de su hijo Axel en un secuestro no resuelto por la Policía bonaerense, puede ser un ejemplo de una sensibilidad que fue levadura de masivas movilizaciones de vecinos preocupados por un problema específico.
Pese a las diferencias, el ejemplo ilustra sólo la forma en que los procesos políticos siguen cursos ideológicos en los que su eficacia movilizatoria se convierte en una estrategia política de negociación del poder. En realidad, retornamos a una nueva versión de la democracia pactada, como el límite real de la democracia formal representativa. Su soporte de legitimidad, como verán, continúa en las calles.
Al fin y al cabo, el proyecto conservador está claro; lo que todavía anda a tientas es una clarificación del proceso acumulativo de emancipación de la gente que presiona difusamente a un acordonado aparato político que detenta actualmente la estructura del Estado. Pero eso ya desborda de lejos esta discusión.
*Gustavo Luna es comunicador y trabaja en el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
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