La región recorrió largo camino en busca de la autonomía La demanda por la autonomía data de 1781. Lo que se busca es una reforma administrativa del Estado, la superación del sistema centralista.
MANIFESTACIÓN • En enero del 2005, unas 400 mil personas asistieron al cabildo cruceño en demanda de la autonomía.
Una sucesión de eventos, analizados en contexto nacional, dan la posibilidad de ser interpretados de una manera distinta a la que se asume por la coyuntura política. La demanda por lograr un sistema de administración estatal que se ajuste a las necesidades de la población expresado en descentralización y autonomías, tiene el siguiente itinerario:
a) El debate en la Constituyente del año 1871, entre sistema federal y unitario.
b) El levantamiento del igualitario y federalista Andrés Ibáñez, en el año 1876.
c) El movimiento de Los Domingos, del año 1891, que establece una Junta Federal.
d) La Guerra Federal de 1899.
e) El Referéndum por la descentralización, en 1931.
f) El debate en la Asamblea Constituyente de 1938 para incorporar la descentralización aprobada en el Referéndum de 1931.
g) La incorporación en la Constitución de la categoría gobierno departamental y su ejecución a través de una Ley de descentralización administrativa, en la Constitución del año 1967.
h) La aprobación de la Ley de Corporaciones Regionales de Desarrollo, 1977.
i) La resolución del Primer Congreso Cívico Extraordinario, que demanda una Ley de Descentralización Administrativa, en agosto del año 1982.
j) Varias propuestas cívicas con proyectos de Ley de Descentralización, en la década del 80.
k) La Marcha por el Territorio y la Dignidad realizada por el Movimiento Indígena.
l) La aprobación en la Cámara de Senadores del Congreso de un proyecto de Ley de Descentralización en 1992.
m) La aprobación de la Ley Safco (Ley de Administración y Control Gubernamental) del año 1992.
n) La aprobación de la Ley de Participación Popular, que salió en el año 1994.
o) La aprobación de la Ley de Descentralización Administrativa, en el año 1995.
p) Los estudios de Juan Carlos Urenda proponiendo autonomías departamentales
q) El manifiesto de la Nación Camba, proponiendo el régimen de las autonomías.
r) El debate nacional sobre el tema de las autonomías, aprobación de la elección de prefectos y de un Referéndum por las autonomías, durante el gobierno del presidente Carlos Mesa, entre el 2003 y el año 2005.
s) El cabildo cívico en Santa Cruz realizado en enero del 2005, que celebra las definiciones políticas y crea una Junta Provisional Autonómica.
t) La entrega por parte del Comité Pro Santa Cruz a la Corte Nacional Electoral, del número de firmas demandadas por la Ley para la convocatoria a un Referéndum por las autonomías, 2005.
u) La elección de prefectos que se realizó en diciembre 2005.
v) El referéndum por las autonomías de julio 2006.
¿Qué buscaba la descentralización administrativa? Conceptualmente, buscaba la demanda de un sistema descentralizado, buscaba la reconciliación entre la sociedad política y la sociedad civil. El enfrentamiento con los gobiernos de fuerza produjo una conducta ciudadana defensiva frente a la agresión de sus derechos fundamentales, por una parte, y a una relación que utilizó lo público con desdén y sólo como fuente de incentivos económicos.
De la misma manera, la descentralización administrativa buscaba la aceptación por parte de la dirigencia política, social y cívica, de que incorporando categorías como participación popular, control social, descentralización administrativa y política, se tendría formas superiores de reforma administrativa del Estado; al involucrar transferencia de poder político y económico en favor de las instancias municipales y departamentales, se lograría pasar del discurso a la práctica social de la ciudadanía y la participación.
Una tercera condición se refiere a la superación de la relación perversa entre la planificación centralista y la ausencia de ciudadanía y control social en la ejecución del desarrollo. Sin la gente y sin los territorios, la gestión del Estado era autoritaria, y el discurso de la descentralización, una propuesta sin contenido democrático.
Es la Ley de Participación Popular la norma que facilita un cambio de conducta de la sociedad nacional y del Gobierno central con relación a la descentralización, al mismo tiempo que sienta las bases para que ésta pueda llegar a ser efectiva en el nivel departamental con la calidad de autonomía.
El desarrollo de la autonomía municipal crea condiciones para que sus cualidades gubernativas puedan ser apropiadas como evidencia ciudadana en su aplicación departamental e indígena:
a) La transferencia de recursos y competencias.
b) La transferencia de poder político y económico.
c) La decisión de la inversión; la participación ciudadana.
d) La gestión, administración y el ordenamiento territorial.
e) La gestión de recursos naturales y medio ambiente.
f) La visualización e incorporación de los actores excluidos.
g) El desarrollo de capacidades administrativas.
h) Las alianzas que son público-privadas.
i) El debate productivo.
j) La seguridad alimentaria.
Un sistema de gestión administrativa no define estrictamente el carácter ideológico de su aplicación. Sin embargo, facilita la relación con los actores ciudadanos al convertirse en instrumentos de fortalecimiento de la democracia. Es sobre la base de ese principio que hoy, el debate y la práctica de la autonomía, ejecutada en el nivel municipal y en consolidación en el departamental e indígena, logran encontrar algunas modalidades republicanas para ofrecer respuesta a muchas de las deficiencias estructurales que tiene nuestro Estado.
El camino que se ha avanzado permite enfrentar de mejor manera la agenda en construcción que se debate en la Asamblea Constituyente:
a) Revertir el enfrentamiento excluyente de la relación campo-ciudad. La calificación de “rural” se ha visto acompañada de marginalidad, extrema pobreza, carencia de servicios básicos, altos índices de mortalidad y una sucesión de calificativos que nos ponen al final de los indicadores civilizados. La migración, instrumento legítimo del marginado de buscar mejor opciones en el espacio del marginador, tiene la opción del cambio de condiciones en las zonas de exclusión para justificar la permanencia. Sin olvidar que los que vivimos en las consideradas “ciudades”, tampoco compartimos la gloria.
b) Modificación del gasto y la inversión, orientándolos a los sectores sociales y productivos, con una nueva redistribución de los ingresos nacionales.
c) Con una nueva redistribución económica y fiscal, podemos pensar en una inversión que en el mediano plazo nos permitirá revertir los indicadores de subdesarrollo. Finalmente, y hay que decirlo sin titubeos, el logro de esos objetivos es lo único que justifica el ejercicio del poder.
d) Recuperación del territorio, para que Bolivia no termine en los radios urbanos de las ciudades, iniciado por la Participación Popular. El desarrollo de la “conciencia territorial” permite recuperar recursos, espacios, gente y producción.
e) La función pública, calificada y asumida como “botín político”, pierde la calidad de servicio para adquirir el nivel de oficio vilipendiado que no proporciona reconocimiento social ni económico. Sin una revalorización de lo público, la sociedad pierde su instrumento de regulación y equilibrio.
f) Desencadenar las fuerzas productivas de la sociedad civil en su componente de empresa privada, social, comunitaria, cooperativa y mixta, que acepten pasar de las políticas del subsidio a las de la reciprocidad social y la competitividad internacional.
g) Reencuentro de los y las bolivianas diversas, separados por culturas, etnias, territorios y economía. Construcción de un espacio de realización humana y dignidad, basado en nuestra abigarrada realidad plural.
“La descentralización administrativa buscaba la reconciliación entre la sociedad política y la sociedad civil”.
“La Ley de Participación Popular es la norma que facilita un cambio de conducta en la sociedad y el Gobierno”.
CARLOS HUGO MOLINA
ESTUDIOS • Es abogado de profesión. Tiene maestría en la misma área de la UNAM, México. CARGOS • Fue prefecto de Santa Cruz en la gestión de Carlos Mesa. Es autor de más de 12 libros, entre novelas, ensayos, estudios, etc.