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La judicialización de la demanda de capitalidad tendrá un nuevo capítulo la mañana de hoy, cuando el Comité Interinstitucional plantee "que se haga efectiva, de una vez, la sentencia emitida por el tribunal de amparo del 8 de septiembre", adelantó ayer a La Razón el abogado de esta organización de defensa regional, Marco Antonio Baldivieso.

Explicó que la denuncia primero será presentada ante el mismo Tribunal de Garantías que, el 8 de septiembre, falló a favor del Comité anulando la resolución de los constituyentes por la cual se excluye del debate de la Asamblea el tema de la capitalidad plena y, posteriormente, se recurrirá a la Fiscal General de la República.

Según Baldivieso, el Ministerio Público, una vez recibida la denuncia, estará obligado a iniciar un juicio penal contra los miembros de la directiva de la Asamblea que se nieguen a cumplir el fallo judicial y estimó que el juicio oral podría durar como máximo dos meses.

Por otra parte, la demanda de prevaricato interpuesta por siete miembros de la directiva de la Asamblea Constituyente contra los vocales Wilbur Daza y Lilian Paredes, ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

El Ministerio Público, una vez recibida la denuncia, admitió el caso y luego solicitó a la Corte Suprema la autorización para iniciar la investigación. "Ahora estamos en la fase preliminar de la investigación", dijo ayer el fiscal general, Mario Uribe.

Agregó que mientras el Tribunal Constitucional no resuelva la revisión del fallo del 8 de septiembre, "surge el óbice legal de no proceder con la investigación correspondiente". Sin embargo, este panorama legal será esclarecido una vez que la Suprema tome una decisión al respecto.

Este panorama se presenta en momentos en que el oficialismo, que conduce la Asamblea, se enfrenta en una permanente pulseta con el Poder Judicial, al que identificó como la institución más corrupta. Redacción Sucre