Ayer se llevaron a cabo las elecciones para asambleístas constituyentes en la República del Ecuador. Pugnaban más de tres mil candidatos por ciento treinta curules. El sistema electoral combinó, por primera vez, la elección de asambleístas en circunscripción nacional con los de circunscripción provincial (departamental para nosotros). Además, se incluyó la posibilidad del voto preferente entre listas, es decir que las y los ciudadanos podían elegir a quiénes considerarán más idóneos, de entre varias opciones políticas.
La campaña electoral fue también motivo de un experimento: el Tribunal Supremo Electoral contrató toda la publicidad política y la distribuyó “equitativamente” entre los distintos participantes y paralelamente prohibió terminantemente cualquier otro tipo de propaganda particular a través de los medios de comunicación. El resultado fue una adjudicación arbitraria de las franjas con clara inclinación para los partidos afines y mandantes de los miembros del Tribunal Electoral.
El Poder Ejecutivo, por su parte, encabezado por el presidente Rafael Correa, desplegó la campaña publicitaria más contundente y millonaria que recuerde el Ecuador en los últimos tiempos. Sin ninguna restricción, el Presidente de la República hizo proselitismo para su agrupación política, Movimiento PAÍS, desde la impunidad de su poder central. Este hecho produjo una descomunal desproporción entre la capacidad de promover las candidaturas entre los representantes del Gobierno y las demás fuerzas participantes.
El resultado, como se preveía, fue un triunfo contundente del Gobierno y su partido, aunque habrá que esperar varias semanas para conocer los resultados oficiales y a través de ellos la composición exacta de la nueva Asamblea Constituyente.
El presidente Correa anunció públicamente su decisión de poner su cargo a disposición de la Asamblea apenas ésta instale sus sesiones en la localidad de Montecristi. Asimismo, prometió que la representación gubernamental promovería el inmediato cierre del Congreso Nacional y su reemplazo por una Comisión Legislativa. Es de prever que ambas cosas sucederán, pero con desenlaces distintos. La Asamblea, con seguridad, no aceptará la renuncia del Presidente y le expresará un voto de confianza, y con la misma certeza procederá a la clausura del Parlamento Nacional. Esto último sólo podría cambiar en el escenario improbable de que los resultados oficiales establezcan que el Movimiento PAÍS y sus aliados no hubieran alcanzado la mitad más uno de la representación popular en la Asamblea.
Esto último se debe a que las motivaciones que precedieron a la convocatoria a dicha Asamblea Constituyente fueron de talante harto distinto que las que nos llevaron a nosotros los bolivianos a convocar la nuestra. Allí había una crisis de gobernabilidad que, a criterio del actual Presidente, debe resolverse de manera estructural y profunda con su presencia y la de su proyecto político de manera hegemónica.
En nuestro caso, la crisis es del Estado y sólo encontraremos la salida en un ámbito de reconstrucción del contrato social. Para decirlo fácil y claro: en Ecuador la Asamblea es una opción prescindible, en el nuestro es una necesidad vital.
*Ricardo Paz Ballivián es sociólogo y constitucionalista.
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