Culpan a autoridades cruceñas y a empresarios por las quemas GOBIERNO • La Ministra de Desarrollo Rural dice que el Prefecto cruceño y los alcaldes de esa región no se preocuparon por los incendios. Para el Ejecutivo, las quemas son parte de una estrategia.
CABEZAS PERDIÓ GANADO Y BOSQUES DEBIDO AL FUEGO • El municipio cruceño de Cabezas fue afectado por las llamas. Un poblador de esa región observa restos de un bovino.
El Ejecutivo acusó ayer a las autoridades locales de Santa Cruz de no atender de manera correcta y oportuna la propagación de los chaqueos e incendios en esa región, y aseguró que con la quema indiscriminada los empresarios pretenden probar una supuesta Función Económica Social (FES) de la tierra.
“En este momento hay un descontrol total, la autoridad ambiental del departamento es el Prefecto y éste se ha descuidado del tema”, señaló la ministra de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Susana Rivero.
Agregó que los municipios y la Prefectura deberían trabajar una estrategia conjunta “porque este es un problema del departamento, que le afecta al país”.
Rivero indicó que “la autoridad ambiental nacional es el Viceministro de Biodiversidad, pero la autoridad departamental es el Prefecto, y la local, el municipio, de manera que la cadena debería funcionar; la Superintendencia Forestal tendrá que iniciar los procesos que corresponden”.
Sostuvo que instruyó a la Viceministra de Desarrollo Rural que además de monitorear y evaluar permanentemente la situación del Chaco, articule reuniones con los prefectos y alcaldes para trabajar una estrategia a largo plazo.
Por su parte, el director Nacional de Tierras, Cliver Rocha, expresó que el chaqueo indiscriminado no es un mecanismo válido para comprobar la Función Económica Social (FES) de la tierra.
“Los chaqueos indiscriminados no constituyen Función Económica y Social; si ese es el justificativo para chaquear, sólo serán pasibles a los procedimientos de reversión de tierras y sanciones penales”, dijo.
Advirtió que si los agroindustriales están actuando de esta forma, forzando la quema para demostrar que su tierra es productiva, “están equivocados”.
La autoridad afirmó que “llegó la hora de sancionar mediante la justicia ordinaria” a todos los infractores y recordó que la quema descontrolada tiene, incluso, cárcel de hasta seis años.
A su vez, el director regional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Santa Cruz, Dionisio Rivas, declaró que las normas agrarias establecen un cambio de timón en la FES.
“Antes más se valoraba la FES con el trabajo, con el desmonte y otras actividades. Ahora es integral, o sea que toda FES tiene que responder al respeto del medio ambiente, no puede haber desmontes ilegales porque eso no está reconocido por el INRA”.
Aseguró que el atentado al medio ambiente o los desmontes ilegales son “causales de reversión de sus predios”.
Para revertir predios, explicó, se necesita una denuncia de la Superintendencia Agraria o de la Prefectura, que indiquen en qué predios se ha atentado contra el medio ambiente. “El INRA agarraría esa denuncia como una causal de reversión”.
Rivas informó también que según la Superintendencia Agraria, este año no hubo permisos para nuevos desmontes.
La Cámara Forestal Boliviana denunció que en una semana (del 25 de septiembre al 1 de octubre del 2007) se registraron 369 incendios en concesiones forestales, los cuales fueron causados por “los vecinos”. Los incendios se produjeron en la concesión Pontons en la Chiquitania, Cimal en San Ignacio de Velasco y San Pedro en El Choré, todas en el departamento de Santa Cruz.