Los acontecimientos políticos y sociales ocurridos en las últimas semanas han demostrado la gran dificultad para llegar a establecer lo que constituye el interés general. En efecto, por un lado se observa una polarización política, que ha llevado a un enfrentamiento sin que se puedan dar las soluciones de consenso tan reiteradamente anunciadas. Por otro lado, en el ámbito económico se puede observar una constante reivindicación sectorial en base a la presión social exigiendo demandas que responden a distintos sectores que luchan en torno a ellas.
Al mismo tiempo, la Asamblea Constituyente ha desnudado, una vez más, su incapacidad para el tratamiento de temas altamente sensibles en la sociedad. Al parecer la única alternativa que puede volver a tornar viable a la Asamblea es la de un pacto político-partidario. Una vez más la sociedad está a merced de estos acuerdos políticos que nuevamente giran en torno a cálculos y estrategias regionales y particulares.
Es muy posible que el problema de fondo radique en la imposibilidad casi crónica de contar con una agenda nacional, en la que se puedan tratar temas prioritarios para la nación, y en los que la misma ciudadanía tenga un espacio efectivo de participación. Esta agenda debería estar abierta a todos los temas que vayan surgiendo en el debate nacional, y que reflejen la preocupación ciudadana.
Curiosamente la clase política todavía se muestra reticente al tratamiento de temas que si bien son socialmente sensibles, pero que el ignorarlos o postergarlos podría representar un riesgo mayor.
Resulta claro que de no funcionar eficientemente las instituciones encargadas de canalizar las demandas ciudadanas y representar al conjunto social, la deliberación política se trasladará a las calles, y la presión social será la que dirima, en última instancia, los conflictos.
En este sentido, tanto el Congreso Nacional como la Asamblea Constituyente son espacios privilegiados para la consideración de temas de prioridad en la agenda nacional, y que tocan asuntos de Estado. Sin embargo, la crisis que viene afectando el sistema político y que lo hizo tan excluyente de sectores sociales mayoritarios parece que se sigue reproduciendo en estas instancias que no acaban de cumplir la función que se les había asignado.
Pese a ello, es precisamente la Asamblea Constituyente la que está llamada a construir la nueva arquitectura institucional para el Estado boliviano. Estas nuevas instituciones deben intentar paliar los problemas que aquejan a las actuales y, sobre todo, la falta de legitimidad delante de un ciudadano que constantemente ve frustradas sus aspiraciones.
*René Cardozo es sacerdote jesuita y diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París.
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