Ley y juez
Carlos Alarcón*

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La condición básica de la vida civilizada en sociedad es el imperio de la ley y del juez que garantiza el respeto y cumplimiento de las leyes. En nuestro país, de manera sistemática y permanente, las vías de hecho de gobernantes y gobernados han desplazado la vigencia del derecho en aquellos temas que involucran los intereses políticos, económicos y sociales de los distintos grupos y sectores. La ley se cumple y respeta en la medida en que me conviene o favorece, si esto no es así, se la deja de lado y prescinde de ella, para imponer una voluntad arbitraria y unilateral.

A este panorama, en los últimos tiempos, se ha sumado el desconocimiento del juez. Constituyen buenos ejemplos de esto las sentencias de amparo en los temas de la capitalidad y el juzgamiento por el Senado de los magistrados del Tribunal Constitucional. Se mezcla y confunde el cuestionamiento legítimo y democrático a una sentencia con su acatamiento y cumplimiento. Según el sector o grupo beneficiado o perjudicado con la sentencia, en algunas situaciones se considera un deber inexcusable su cumplimiento, en otras se impone una manifiesta y proclamada desobediencia y resistencia al cumplimiento de las obligaciones o deberes que origina.

La situación descrita se vuelve más preocupante cuando los protagonistas de la anomia social no son únicamente los ciudadanos sino principal y especialmente las autoridades públicas que desempeñan distintas funciones en el Estado. Los que deberían dar el mejor ejemplo de ética y cultura cívica en la sociedad difunden el mal ejemplo que coloca al borde del abismo al Estado de Derecho y sus instituciones. Qué podemos exigirle al ciudadano que comete un delito, no paga un impuesto o no honra una deuda, si nuestros gobernantes y autoridades públicas, de todas las tendencias y colores, asumen la ley y el juez con beneficio de inventario? Si son favorables a sus intereses los aceptan, si son perjudiciales los rechazan.

Imaginemos una sociedad en la que sólo se respetarían las leyes y cumplirían los fallos de la justicia en la medida en que favorezcan y no perjudiquen los intereses de los sujetos que se encuentran frente al dilema de su cumplimiento. En este caso, existirían tantas leyes y fallos contradictorios sobre la misma materia, en proporción a la cantidad de intereses contrapuestos que existan en una determinada situación. Es decir, no existiría ley ni juez. Desaparecería la esencia de lo que es la ley y el juez. Estos conceptos de vida social civilizada quedarían reemplazados y desplazados por el concepto de la fuerza y las vías de hecho. El más fuerte en la sociedad, individual o colectivamente considerado, impone su voluntad arbitraria al más débil. La justicia por mano propia se convertiría en la regla, dejando de ser la excepción. Resultado final: violencia generalizada y anarquía.

En la decisión vital para los bolivianos no está en juego la revolución o la ideología; es una opción por el Estado de Derecho, por la civilización o barbarie.

*Carlos Alarcón
es abogado constitucionalista.