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Pascuala Mollo, trabajadora social de la Defensoría, señaló a un periodista de La Razón que visitó Villazón, que la trata de personas, denunciada en las últimas semanas, es un hecho en la frontera con La Quiaca (provincia argentina de Jujuy).

“Es verdad, porque nosotros hemos vivido en carne propia”, afirmó. Mollo dijo que su oficina recibe casos de tráfico ilegal de personas, con fines de explotación laboral, en forma periódica.

También denunció que “el juez autoriza (la salida de niños) sin ver si son los verdaderos familiares o si han autorizado los papás; no revisa bien la documentación porque uno de los requisitos es que sí o sí tienen que autorizar los progenitores del menor”.

En una entrevista concedida la semana pasada a este medio, el juez de Partido Mixto Liquidador y de Sentencia de ese distrito, Luis Gutiérrez, responsable de atender los casos de menores de edad, admitió que el juzgado tiene una abogada a cargo de esa labor recién desde hace ocho días y que esa tarea “antes no se hacía”.

Mollo enfatizó en los métodos que se utilizan para trasladar a niños y adolescentes bolivianos al otro lado de la frontera. Uno es la falsificación de la edad, para aparentar que son mayores y evitar la autorización de sus padres.

También se dieron casos de suplantación de identidad. Según fuentes policiales de la zona, con frecuencia se reportan robos de documentos que serían utilizados para fines ilícitos, principalmente tráfico de personas.

Mollo relató el caso de una adolescente de la comunidad de Ñucchu, a 25 km de Sucre. Ella fue llevada a Buenos Aires, con el consentimiento de sus padres, para cuidar al bebé de un familiar lejano, a cambio de una paga de 50 dólares, pero una vez allí trabajaba de seis de la mañana a la medianoche, el hombre de la casa la violó y luego su esposa le dio una feroz golpiza, por celos.