• EN LA PUERTA DE LA CASA DE LA LIBERTAD • La Directiva de la Asamblea junto al Presidente de la República daban inicio a la Constituyente en acto simbólico.

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El foro se instaló el 6 de agosto de 2006 con la visión de construir un nuevo Estado. El 14 de diciembre se debe entregar un texto que tendrá que ser refrendado por la población vía referéndum.

Asediada por la crisis institucional y política que la llevó a escenarios de violencia, Bolivia encontró en la Asamblea Constituyente un espacio de resolución pacífica. El año pasado, los bolivianos eligieron a 255 constituyentes con la misión de redactar un texto constitucional para construir un nuevo Estado.

El 2 de julio de 2006, los bolivianos acudieron a las urnas para participar de este hecho histórico que fue precedido por una inestabilidad política y social, materializada como último referente en los hechos de octubre del 2003 y la renuncia de los presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos D. Mesa Gisbert.

La Asamblea Constituyente tiene orígenes en la marcha indígena denominada “por la Vida, el Territorio y la Dignidad” de 1991, que atravesó desde los llanos, al norte, los valles y el altiplano para llegar hasta La Paz exigiendo reconocimiento y tierra. Lograron la Ley de Tierras y la Titulación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO).

Ese momento dio origen a otras movilizaciones indígenas con el mismo planteamiento de cambios estructurales, vía democrática, que logró, finalmente, influir en las urbes. El 2000, la denominada Guerra del Agua sacó a la empresa Aguas del Tunari de Cochabamba y del país. Los hechos terminaron con un muerto y varios heridos. Allí empezó a cobrar fuerza el pedido de un escenario de construcción nuevo.

La indiferencia de los partidos políticos a esa demanda tuvo consecuencias. La creciente inestabilidad social —motivada por la exclusión social y económica, y el desencanto del sistema político— llegó a su clímax en octubre del 2003, sin perder de vista que ya en febrero del mismo año una revuelta policial por un impuesto al salario provocó un motín que terminó en violencia.

Los movimientos sociales cobran vigencia determinante reivindicando mejores condiciones de vida. En octubre se libró uno de los movimientos sociales más contundentes de la reciente historia nacional. Más de 60 muertos y decenas de heridos en El Alto y La Paz consiguieron la dimisión, el 17 de octubre del 2003, de Sánchez de Lozada, que no pudo aplacar la arremetida pese a ceder en el anuncio de la realización de una Asamblea Constituyente, como lo exigían las movilizaciones, junto a la nacionalización de la hidrocarburos. Este movimiento estableció la “agenda de octubre”, que planteaba la convocatoria al foro.

El entonces vicepresidente Carlos Mesa asumió el mando del país y encaminó reformas para atender la agenda. Las presiones, entre ellas por autonomía desde Santa Cruz, lo obligaron a dimitir. La situación social volvió a tornarse compleja y el sistema político entró en crisis. Los presidentes del Senado, Hormando Vaca Díez, y de Diputados, Mario Cossío, renunciaron a la sucesión presidencial en medio de una convulsión en Sucre. Eduardo Rodríguez, presidente de la Corte Suprema, asumió —el 9 de junio de 2005— la presidencia para llamar a elecciones.

La calma volvió y empezó la campaña política. La palabra “cambio” se escuchó y el MAS logró más del 54% del voto ciudadano. Evo Morales, en el poder concretó la Constituyente con carácter originario y un referéndum autonómico. El 2 de julio se realizó la elección y el 6 de agosto, en Sucre, se instalaron las sesiones con 16 fuerzas políticas que tuvieron un proceso lleno de paroxismo.

Morales, en la sesión inaugural expresó: “Esperamos que esta revolución democrática cultural, esas transformaciones profundas en lo económico, en lo social, en lo político sean también una luz para otros pueblos”.

El vicepresidente del foro, Roberto Aguilar, explicó que la población ve en este escenario una salida pacífica a sus problemas, aunque con una percepción cortoplacista que no condice con la realidad de este proceso.

“La Constituyente no es generadora de conflicto, sino ha sido una especie de lupa donde se han concentrado y magnificado los conflictos”, reflexiona y dice que pese a ello es el mejor escenario antes que las calles.

En cerca de ocho meses, conciliaron un Reglamento de Debates que tuvo entre su obstáculo principal el mecanismo de los 2/3 en la aprobación del texto constitucional. Las diferencias se trasladaron a las regiones y al propio Congreso, donde en diciembre del 2006 los legisladores de Podemos, la principal fuerza se oposición se declararon en huelga. Los cívicos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija amenazaron con el desacato.

El foro volvió a encauzarse para viabilizar una solución. Se acordó la fórmula mixta de los 2/3 de voto y mayoría absoluta.

Sin embargo, los problemas continuaron y esta vez fueron las visiones de país distintas que volvieron complejo el debate provocando la necesidad de un nuevo acuerdo político mediado por el vicepresidente, Álvaro García, para ampliar el período de sesiones del foro que sigue acechado por presiones sociales bajo el lema de garantizar cambios pacíficos a través de este escenario.

La capitalidad para Sucre es hoy un nuevo factor de conflicto que no permite avanzar.

   Los protagonistas

Silvia Lazarte
Presidenta de la Asamblea

La dirigente campesina asumió el 6 de agosto de 2006 la responsabilidad de presidir la Asamblea. Este foro tiene la responsabilidad de concertar un nuevo pacto social, a través de una nueva Constitución, luego de un proceso de conflictos que demandaron la recomposición del Estado.

Wálter Guiteras
Senador de Podemos

El polémico legislador de Podemos participó de las negociaciones para ampliar el período de sesiones de la Constituyente. El Congreso extendió del 6 de agosto hasta el 14 de diciembre de 2007 las labores de los 255 representantes para concertar y aprobar un nuevo texto constitucional.

Jaime Barrón
Cívico chuquisaqueño

El Comité Insterinstitucional de Chuquisaca desarrolló movilizaciones y un cabildo exigiendo que el tema de la capitalidad plena sea reincorporado como parte del debate constituyente luego que la Asamblea, el 15 de agosto, decidiera en plenaria apartar este tema de sus deliberaciones.

Luis Revilla
Concejal paceño

Las organizaciones paceñas están representadas en el Comité de Emergencia por la defensa de la sede de los poderes. Esta organización fue formada para articular la respuesta a la demanda de Chuquisaca. En el cabildo del millón, del 20 de julio, decidieron que “la sede no se mueve”.

Entrevista A: ROBERTO AGUILAR

“La implementación de la CPE será compleja”

El foro constituyente fue instalado el 6 de agosto del 2006, hasta la fecha no pudo aprobar un solo artículo.

El ex rector de la UMSA Roberto Aguilar es el primer vicepresidente de la Asamblea Constituyente, instalada el 6 de agosto del pasado año, y que, por los factores de enfrentamiento político en el país, no ha podido aprobar hasta ahora un solo artículo del futuro texto constitucional. El 25 aniversario de la democracia encuentra a los partidos representados en la Constituyente en un diálogo con el fin de encaminar dicho foro.

¿Cómo nace la Constituyente?

Uno de los antecedentes más importantes son los movimientos sociales y, fundamentalmente, los movimientos indígenas, que desde inicios de 1990 la impulsan hasta asentar la demanda. El pedido es el de hacer que la estructura institucional y normativa del país —expresada en su Constitución— fuera modificada haciendo posible una presencia real de lo que es el componente más importante de la estructura social boliviana, como es la configuración de la diversidad cultural. También va confluyendo una serie de identificaciones por parte de otros sectores sociales ante la crisis del Estado, de sus instituciones.

¿Cuál el proceso hacia un nuevo Estado?

Uno es el nivel del texto como tal, y el segundo es el nivel de proyectar el proceso de implementación de la Constitución en un horizonte de tiempo relativamente largo. Por ejemplo, un cambio en el Poder Judicial no sólo es el cambio de nombre o cambiar la institución como tal, sino que es cambiar la conducta del juzgador, la conducta del ciudadano, del funcionario y eso lleva tiempo. Es construir un espacio que cambie generaciones con una conducta y un comportamiento y un marco institucional diferente. Eso se ha ido trabajando e incluso surgió la propuesta de entregar, junto a la Constitución, una serie de trabajos y estudios respecto a lo que podrían ser políticas de gobierno, ya no solamente de Estado, proyectos de ley o, por lo menos, espacios que tendrán que ser legislados. Además de acciones que permitan una implementación de lo que se cree. Esto surge de las propuestas recibidas.

¿La nueva Constitución será la solución de los problemas en el país?

Una Constitución concertada y que responda a los intereses de los bolivianos, sí. Es el piso sobre el que se puede ir construyendo la solución a los problemas e ir a una democracia integral.

¿Cuál el desafío en esta coyuntura?

El gran desafío es una Constitución concertada, pero que responda a los intereses de cambios que espera la población, conjugada con un gran acuerdo nacional para que el proceso de explicación del nuevo texto tenga una alta aprobación. La implementación de la Constitución va a llevar un proceso complejo, porque es romper estructuras que mucho tiempo han estado vigentes en el país y que mucha gente no quiere que se rompa.

Su perfil • Roberto Aguilar es economista, fue rector de la universidad MAyor de San Andrés. Hoy es vicepresidente de la Asamblea Constituyente con sede en Sucre.

Los hechos

El incremento del precio del diesel y su efecto

En diciembre del 2004, el gobierno de Carlos Mesa incrementó el precio del diesel, carburante central para la agroindustria. Esta alza provocó que sectores radicales del empresariado cruceño, cívicos y el MNR se levanten en contra de la medida, fortaleciendo la demanda autonómica cruceña, paralizando Santa Cruz y amenazando con la elección de un gobernador.

Los bolivianos mostraron su vocación democrática

El presidente Eduardo Rodríguez lidera un proceso de transición democrática. Evita tomar decisiones en la medida que su mandato es convocar a elecciones generales. La convocatoria es para diciembre del 2005. La CNE, en el marco de la ley, organiza el proceso eleccionario que se desarrolla sin incidentes a pesar de un largo período de conflictos que la precedieron.

Las evaluaciones dentro del nuevo Gobierno

El gobierno de Evo Morales, en agosto del 2007, hace la segunda evaluación interna de su gestión. La primera se dio en momentos de denuncias de venta de avales políticos que provocaron una investigación. En esa primera oportunidad se identificó deficiencias en la inversión, mientras que en la segunda evaluación se determinó apuntalar la reactivación económica.

La Asamblea Constituyente tiene el desafío de configurar un nuevo texto constitucional sobre dos visiones distintas de país, que hasta la fecha no tienen una base de encuentro visible.

El partido del presidente Evo Morales apunta hacia un Estado plurinacional y comunitario, una economía donde el Estado juegue un rol protagónico, fundamentalmente sobre la soberanía y administración de los recursos naturales. Asimismo, impulsa el control social basado en la revalorización de los movimientos sociales y su participación en la cosa pública.

Podemos, liderado por el ex presidente Jorge Quiroga, por el contrario plantea un Estado unitario y políticamente descentralizado, y un modelo económico de justicia social que garantice la libre competencia y estimule la actividad empresarial privada.

Las dos visiones también tienen diferencias en temas como la reelección presidencial indefinida. Estos temas han marcado la polarización política que tiene su correlato inmediato a nivel regional, liderada por Santa Cruz.