• El acto oficial • El ministro de Capitalización, Alfonso Revollo Thenier, dirige el proceso de licitación de una parte de las acciones de Ende a extranjeros.

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El proceso que se inició en 1994 avanzó en medio de un fuerte rechazo. El resultado concreto es que atrajo inversiones para 5 empresas. 13 años después se debate si deben volver al Estado o no.

En el proceso de reformas económicas, como efecto de la vigencia de la economía de libre mercado, la capitalización de las empresas estatales estratégicas atrajo inversiones multinacionales, sin embargo, ha sido cuestionada por su escasa transparencia como por su impacto en beneficio del Estado boliviano.

En el periodo 1989-1993, el presidente Jaime Paz Zamora puso en marcha un plan de privatizaciones de algunas empresas estatales, sintonizando la tendencia neoliberal de la región. Sin embargo, la administración de Gonzalo Sánchez de Lozada apostó a capitalizar empresas del Estado con el traspaso de hasta el 49% de las acciones a compañías privadas, en este caso, únicamente extranjeras.

El proceso involucró a aquellas que son estratégicas para el país: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) y la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe).

13 años después del plan capitalizador se destaca que haya atraído inversiones, pero economistas de diferentes corrientes cuestionan su escasa transparencia como el haber dañado una visión estratégica de las empresas. De todas maneras, no se considera acertado que el Estado quiera reasumir el control de las capitalizadas y, por el contrario, debería mejorarse el proceso.

Un hecho positivo de la capitalización es el pago anual de un subsidio a los ancianos de 65 años; sin embargo, lo que ha quedado en evidencia es que el Bonosol carece de sostenibilidad, al punto que el gobierno del presidente Evo Morales busca recursos para sostener el pago del derecho, pues las capitalizadas no pagan lo que les corresponde.

La Ley de Capitalización fue aprobada el 21 de marzo de 1994 por el MNR y sus aliados en el Parlamento, en medio de una férrea oposición política y social.

Además de ´capitalizar´, las empresas estatales transfirieron parte de sus acciones; dicha ley dio paso al sistema de regulación sectorial, que, a través de las superintendencias, debería fiscalizar a las empresas. Por otro lado, se estableció la creación de un fondo de capitalización colectiva con el que se pague el Bonosol a los mayores de 65 años.

Se previó que el Estado transfiera sus acciones de las empresas sometidas a este proceso, a los bolivianos mayores de 21 años al 31 de diciembre de 1995, y que ello se exprese en el pago de una anualidad vitalicia (Bonosol) a todos los bolivianos a partir de sus 65 años.

El documento de trabajo titulado “10 años de la capitalización”, elaborado el 2004 por el delegado Presidencial, Francesco Zaratti (durante el gobierno de Carlos Mesa), señala entre las “luces” de la capitalización el impacto social del Bonosol, especialmente en las zonas rurales.

Ahora bien, desde principios de la década de los 90, la tendencia de política económica en la región fue la privatización de las empresas estatales porque el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo decidieron no otorgarles más créditos, recuerda el ex presidente del Banco Central de Bolivia, Armando Méndez.

En el gobierno de Jaime Paz Zamora se inició el proceso de privatización. El 22 de abril el Senado aprobó en grande la Ley de Privatización y el 31 de junio ocurrió la primera, la fábrica de aceites Villamontes.

La venta de los hoteles La Paz y Crillón fue una de las más escandalosas. Paz Zamora tuvo que anularla porque hubo sospecha de falta de transparencia, para dar paso a la subasta pública.

Sin embargo, en opinión de Samuel Doria Medina, quien fue ministro de Planeamiento de Paz Zamora, hubo una diferencia entre ese proceso y la capitalización impulsada por Goni.

La privatización, según Doria Medina, fue un proceso de transferencia de activos a los trabajadores y a los sectores productivos. Un ejemplo elocuente fue el ingenio Guabirá, vendido a trabajadores y a cañeros.

“El gran error de la capitalización fue que se destinó sólo a los extranjeros, se extranjerizó la economía nacional y nuestras principales empresas”.

Un técnico ligado al proceso de capitalización (que pidió no ser identificado) recuerda que se ofreció a los trabajadores la posibilidad de la compra de acciones de las empresas. Sin embargo, ahora “no se habla de esto”.

No se necesitaba someter a este proceso empresas como YPFB o Entel, que se encontraban en buena situación, coinciden el periodista Humberto Vacaflor, el analista Armando Méndez y Jorge Torres, ex ministro de Desarrollo Económico de Sánchez de Lozada el 2003.

De hecho, el gobierno del presidente Evo Morales tiene el objetivo de recuperarlas. Las dos empresas refineras de hidrocarburos fueron recuperadas y está en negociación que Entel pase al Estado boliviano.

Para lograr los objetivos de la capitalización se implementó el Sistema de Regulación Sectorial. Sin embargo, no hubo eficiencia en el seguimiento institucional a las capitalizadas. “Mientras los superintendentes elegían el color de sus muebles, las empresas capitalizadas ya aplicaban nuevos sistemas tarifarios y ejecutaban inversiones que nadie fiscalizaba”, sostiene Torres.

Por último, la reestatización de las capitalizadas significaría un “retroceso”, en criterio de Doria Medina y de Méndez que, por separado, señalan que el Estado demostró en el pasado que no pudo llevar adelante este aspecto de forma satisfactoria.

La presencia estatal en las empresas no es garantía de que las “cosas vayan mejor”. Se debería mejorar el control, añaden.

Los protagonistas

Alfonso Revollo,
ministro de Capitalización
El proceso de capitalización de las empresas estatales se inicia oficialmente el 21 de marzo de 1994. Se promulga una ley y se crea un ministerio con el objetivo de concretar esta iniciativa. Alfonso Revollo tuvo la misión de ejecutarlo; en su tarea fue centro de polémica y de acusaciones.

René Blattmann Quiroga,
ex ministro de Justicia
Blattmann ha sido el proyectista e impulsor de la Ley de Fianza Juratoria, con el fin de despoblar las cárceles de cientos de reclusos sin condena y encerrados por deudas. Desde marzo del 2003, Blattmann es uno de los magistrados del Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya.

José Guillermo Justiniano,
ex ministro de Estado
Miembro del gabinete de Víctor Paz y luego ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada en sus dos periodos de gobierno. Justiniano trabajó para implementar un agresivo plan de desarrollo rural e impuso el concepto de desarrollo sostenible para las políticas de Estado. Falleció en septiembre pasado.

Guillermo Aponte,
ex viceministro de Pensiones
Guillermo Aponte fue viceministro de Pensiones del gobierno de Sánchez de Lozada. Tuvo la responsabilidad de poner en marcha el Bonosol, el subsidio para los bolivianos mayores de 65 años, y como superintendente de Pensiones tuvo la tarea de regular el nuevo sistema de jubilación individual.

UNA SUGERENCIA

La mejora del proceso es una opción viable

El documento de trabajo denominado “10 años de la capitalización”, elaborado el 2004 por el delegado presidencial para este tema, Francesco Zaratti, sostiene que existe una percepción negativa de la población respecto de la capitalización, pero que existen argumentos por los que no se puede optar por revertir este proceso.

El documento cita entre estos argumentos la seguridad jurídica, los contratos firmados, la irretroactividad de la ley, las limitaciones del Estado y los derechos establecidos en la propia Constitución Política del Estado. “Sobre todo, más allá de consignas políticas, no se tiene un proyecto alternativo o sustitutivo, de naturaleza financiera y económica, que permita revertir la capitalización sin volver al estatismo secante, que tanto daño ha hecho a la economía y a la ética del país”, enfatiza.

El documento propone que en lugar de la reversión se proceda a una mejora del proceso, que se encamine en tres direcciones: los ajustes jurídico-corporativos,la institucionalización de las participaciones estatales y las alianzas estratégicas entre el Estado y las empresas capitalizadas.

Entrevista A: Armando Méndez

´El estatismo volvió con vigor por las deficiencias´

El economista dice que el proceso de capitalización atrajo inversiones; sugiere corregir las deficiencias.

Después de 13 años de vigencia de la capitalización, ¿cómo evalúa este proceso?
Podría decir que la capitalización tiene muchas sombras, lo cual explica la situación en la que estamos viviendo hoy, que como todos conocemos, hay una intención de revertir el proceso, lo cual está indicando con claridad que tuvo muchas deficiencias. Mi principal observación es el grado de corrupción al que pudo estar sujeto este proceso. Para muestra un botón: debemos recordar que la capitalización del Lloyd Aéreo Boliviano se llevó a cabo en contra de la disposición que normaba este proceso. Se fijaba que debían existir por lo menos dos proponentes y sólo hubo uno, que era muy cuestionado, hablo de la VASP, que más tarde tuvo problemas en el Brasil y se adjudicó el LAB con funestas consecuencias.

¿El proceso estuvo respaldado por un seguimiento y fiscalización adecuados?
La capitalización no implicó una obligación financiera para que los socios estratégicos inviertan, sino una promesa de inversión a desarrollarse en varios años. Siempre queda la duda de que esta inversión se haya efectuado en términos de eficacia, eficiencia y economía. No olvidemos que un programa de inversión debía tener un seguimiento riguroso y una fiscalización, que claramente se ve que no hubo debido a la debilidad del Estado. Hay muchas sombras.

¿Cuáles son los aciertos que implicó el proceso de capitalización de empresas estatales?
La única luz que trajo este proceso es que evidentemente colocó a Bolivia como un país que podía ser interesante para la inversión extranjera directa. Hay que destacar que vinieron recursos al margen de la capitalización, pero atraídos por este proceso, fundamentalmente en el campo hidrocarburífero, que se tradujeron más tarde en que Bolivia pudo confirmar la existencia de reservas probadas en hidrocarburos. Esto permitió, más tarde, hacer negocios importantes con Brasil y Argentina, que hoy el país goza y que explican el ingreso de tributos en favor del Gobierno una vez cambiada la Ley de Hidrocarburos.

¿Cómo observa este proceso en el marco de 25 años de democracia en el país?
Creo que hay tantas sombras en la capitalización y tan poca transparencia, que ha vuelto con vigor el estatismo. Se tiene un Gobierno que ha retornado a las banderas estatistas en la economía y quiere revertir el proceso de capitalización, lo cual está diciendo que fue un proceso deficiente. Si hubiera sido transparente, Bolivia no se debería estar planteando estas actitudes. Esto es un retroceso, no es correcto revertir las empresas, no porque haya sido deficiente el proceso conviene retroceder; estamos volviendo al pasado, cuando hay que corregir las deficiencias. La mejor forma, en mi opinión, es controlar efectivamente a empresas grandes a través de los impuestos.

Su perfil • Armando Méndez fue presidente del Banco Central de Bolivia entre 1992 y 1993. Es orureño y tiene 61 años. Es profesor emérito de Economía en la UMSA.

Los hechos

Se crea un sistema regulatorio mediante ley
En 1994 se creó el Sistema de Regulación Sectorial (Sirese) para controlar y supervisar las actividades de sectores económicos. De esa manera, el Estado pone fin a su papel de juez y parte en el manejo del funcionamiento de los servicios al ciudadano. Así, se crearon las superintendencias de Bancos y Entidades Financieras, Pensiones, Seguros y la Superintendencia Agraria y Forestal.

Una reforma anula los fondos de pensiones
En el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se dispuso la desaparición de los fondos complementarios y el traspaso del pago de pensiones a manos privadas a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), dando paso al sistema de acumulación individual de la jubilación. En el país existen dos AFP que son Previsión y Futuro de Bolivia.

El Poder Ejecutivo crea tres superministerios
Sánchez de Lozada redujo el número de ministerios de 17 a 12. Resultado de esta decisión surgieron los denominados superministerios, que fueron tres: el de Desarrollo Humano (que integró las áreas de educación y salud, haciendo énfasis en las etnias y la mujer), el de Hacienda y Desarrollo Económico, además de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.