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El argumento del diputado es que las autoridades incumplieron la ley, “ocasionando con ello lesión a los derechos al medio ambiente saludable, la salud, la vida y la seguridad común, como también otros derechos como es el derecho a la propiedad”.

Según Arrázola, el amparo constitucional se interpuso en contra del presidente Evo Morales Ayma, los ministros Wálker San Miguel (Defensa), Luis Alberto Arce (Hacienda), Juan Ramón Quintana (Presidencia), Susana Rivero (Desarrollo Rural), Alfredo Rada (Gobierno) y del Superintendente Forestal, José Landriel Pedraza.

Arrázola solicitó que se declare una pausa ecológica y el cese de las quemas hasta que se tenga aire limpio según establece el reglamento Especial de Desmotes y Quemas Controladas, reglamento que habría sido ignorado.