¿Bonosol o prefecturas?
Roberto Laserna*

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¿Bonosol o IDH? ¿Prefecturas y alcaldías o ancianos y ancianas del país? ¿Obras o necesidades? Tales parecen ser los dilemas que alimentan la emergencia de nuevos conflictos en el país. Es lamentable que nos veamos nuevamente confrontados como consecuencia de la irresponsabilidad con que se han diseñado e implementado las políticas públicas en los últimos años.

Recordemos que el Bonosol fue creado hace 10 años con el financiamiento del patrimonio de las empresas capitalizadas: el Fondo de Capitalización Colectiva. En ese momento, el Estado se desprendió de ese patrimonio a favor de la gente, en una auténtica socialización sin exclusiones ni burocracias.

La nacionalización del 2006 expropió ese patrimonio —vulnerando las normas que crearon el Bonosol— para entregarlo a manos de la nueva burocracia encargada de YPFB. En ese momento, el Gobierno se comprometió a continuar pagando el Bonosol, pero sin mencionar con qué recursos. Ya se advirtió entonces que esa medida condenaba al Bonosol a las vicisitudes de la política coyuntural y la voluntad de las autoridades.

¿Valía la pena defender el Bonosol? Absolutamente sí. En el libro La Inversión Prudente se demuestra que el Bonosol contribuye a mejorar las condiciones de vida de la gente, reduce la pobreza y la desigualdad y dinamiza la economía, con mayores impactos en zonas y sectores pobres. Desde el punto de vista del desarrollo, el Bonosol es una de las inversiones social y económicamente más rentables del país. En consecuencia, es imperioso defender el Bonosol y darle la prioridad que se ha ganado merecidamente en los años de su aplicación.

Se ha argumentado siempre que el esquema de financiamiento del Bonosol lo hacía inviable, pero ésta es una profecía autocumplida. Los opositores a la capitalización, y al Bonosol que era parte de ella, hicieron todo lo posible para que fracase, impidiendo al mismo tiempo que las empresas desplegaran todo su potencial de generación de utilidades. En ellas podían haberse incluido las que se estarían obteniendo ahora si el proyecto de exportación de gas a México y California se hubiera concretado.

Pero ese tren ya lo perdimos y de poco sirve recordarlo. Lo que importa es asegurar que los mayores de 65 años reciban el Bonosol. La prudencia con que lo emplean es la mejor garantía de que será beneficiosa para ellos y para el país.

Para financiarlo, el Gobierno quiere recortar los recursos de las prefecturas y alcaldías. Éstas no lo admiten y también hay que apoyarlas, porque la experiencia nos ha enseñado que, a pesar de todos sus problemas, son en conjunto más eficientes que el Gobierno central, por la simple y sencilla razón de que están más cerca de la gente y, al final, como en el caso del Bonosol, lo que verdaderamente importa es que el dinero llegue a la gente.

Hay dos opciones de financiamiento para el Bonosol.

La primera es respetar la ley, devolviendo el FCC a las AFP y dejar que ellas sigan cumpliendo su mandato. Para refundar YPFB están Irán y Venezuela, que pueden darse el lujo de perder algo más de dinero que los 400 mil bonosolistas del país.

La segunda opción es que el Gobierno cumpla su compromiso en vez de transferirlo a prefecturas y alcaldías. Es decir, que sacrifique sus propios ingresos. ¿No es que tiene superávit? ¿Y que las reservas están llegando ya a los 5 mil millones de dólares? ¿Acaso no es ése un dinero de los bolivianos? ¿Por qué se piensa que es mejor tenerlo en las bóvedas o en manos de las burocracias que en las de los mayores de 65 años?

*Roberto Laserna
es sociólogo.
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