Amollar todos para el Bonosol
Grover Cardozo*

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Otro frente de conflicto parece mostrarse en el horizonte, pero confiemos en que la inteligencia y el espíritu solidario al final puedan más que el cálculo político y la falta de sensibilidad social.

Llegó el período en que se debe pagar el Bonosol a medio millón de nuestros abuelos de todas las clases sociales. Lo cierto es que si Gobierno nacional, prefecturas, municipios y universidades no amollan para reunir la plata para este bono solidario, el mismo podría no ser pagado.

Este beneficio creado en la gestión del MNR, como la parte social de la capitalización, enajenación de las empresas públicas, es un compromiso del Estado boliviano para ayudar solidariamente a un sector altamente vulnerable como es la tercera edad.

En el pasado los recursos para el pago del Bonosol salían de las empresas capitalizadas, pero luego del decreto de nacionalización de los hidrocarburos del 1 de mayo del 2006, esos recursos —en el caso de las empresas Andina y Chaco— quedan reducidos en lo que le tocaba al Estado y pasan a engrosar en demasía los fondos de las prefecturas, alcaldías y universidades. Por eso se veía que estas entidades departamentales y locales aparecieron con tantos millones, y en muchos casos, sin saber qué hacer con tanto dinero en las manos y además reflejando incapacidad de gasto.

Entonces lo que ahora hace el Gobierno es aplicar en sentido estricto el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, restando a las prefecturas, alcaldías y universidades un monto de dinero que en verdad no les correspondía.

Más allá de quien maneja esos fondos, el país no puede caer en mezquindades absurdas que afectan un beneficio legítimo asignado a la ancianidad boliviana.

Si en Bolivia todavía no se tienen las condiciones para garantizar a la población una vejez digna en alimentación, salud y vivienda, corresponde asistirlos hoy con un monto de dinero que, cuando menos, ayude a sobrellevar su costo de vida durante algunos meses.

No se debe perder de vista que Bolivia todavía es considerado el segundo país más pobre de Latinoamérica y, de acuerdo a estudios, los ancianos son los más pobres de los países pobres, es decir entre todos los sectores sociales, los que están en lo más bajo de la escala social.

Tomemos en cuenta que los ancianos ya no son población económicamente activa y muchos de ellos no cuentan con una jubilación. A esto se agrega que gran parte de ellos viven en completo abandono y se defienden como pueden. Por si fuera poco, en el área rural miles y miles de ancianos subsisten con menos de 3 ó 4 bolivianos por día.

Probablemente los papás de los prefectos Rubén Costas, Mario Cossío o Ernesto Suárez no tengan necesidad del Bonosol, pero ese no es el caso de miles de ancianos que en las ciudades y en el campo no tienen en dónde apoyarse y prácticamente viven porque Dios es generoso. Sería penoso que los prefectos, alcaldes y universitarios opositores pretendan politizar un tema eminentemente humano y de profundo sentido social.

Lo más sensato es que una vez clarificada la forma de funcionamiento del decreto de nacionalización de los hidrocarburos, todos amollen para el Bonosol. Gobierno central con recursos del TGN (66 %), prefecturas (24%), alcaldías (16%) y universidades (4%) con la parte inferior de la cuota.

*Grover Cardozo
es director de la gubernamental Agencia Boliviana de Información (ABI).