Judicialización de la política
Jimmy Ortiz Saucedo*

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Una de las características más notorias en el gobierno del presidente Morales es la judicialización de la política. Es decir, están usando la justicia para amedrentar y acallar a cualquier persona o institución que estorbe a su “revolución democrática y cultural”.

La lista de encausados es grande. Mencionaré entre ellos al presidente del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic; al indígena cruceño José Urañavi, a la constituyente Eliene Capobianco. A los miembros del Tribunal Constitucional Marta Rojas, Elizabeth Íñiguez, Wálter Raña, Artemio Arias y Silvia Salame. A los jueces de la Corte Suprema Beatriz Sandóval y Rosario Canedo. Al prefecto del Beni, Ernesto Suárez; al prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes; al prefecto de Tarija, Mario Cossío, y otros. Todo esto no es casualidad, es un modus operandi. Se está haciendo de esta mala práctica una infame estrategia de lucha política. ¡Y pobre de la justicia que falle en su contra! En ese mismo instante pasa a ser corrupta, antipatria y vendida a los oligarcas —su palabrita preferida—. Hoy usada hasta por el virrey Hugo Chávez.

Se están gastando una fortuna del dinero de los contribuyentes en honorarios y costas judiciales. Sólo comparable con los que se gastan en propaganda política, echándose flores a sí mismos. No tienen empacho, si fuera necesario, en lanzar toda su artillería mediática contra sus incómodos opositores. Usando para ello la Televisión Boliviana (canal 7), que dejó de ser tal y pasó a ser “la televisión del MAS”. Incluso pagando onerosos spots en las redes de radios y televisoras privadas. Haciendo de la difamación un medio para complementar su persecución y control político.

Y sin embargo no dicen ni hacen nada contra su gente involucrada en casos de corrupción que denuncia la prensa nacional, como: los ETA contactos, el terrorista peruano asesor de Evo, la compra de senadores, la violación de la Ley 1008 con los cultivos excedentarios de coca (que luego se desvían al narcotráfico), el narcoasesor del Senado, el nepotismo de Alicia Muñoz y el clan Morales. Del brutal asesinato de Cristian Urresti, de los alimentos desviados de Defensa Civil en Cochabamba y de la quema de su Prefectura. De los tractores de Salvatierra, de la adulteración en los contratos petroleros, de la venta de avales, de los masistas viviendo en los bienes incautados, de los pasaporte “especiales” de Migración Santa Cruz. De los ‘ponchos rojos’ atacantes del Tribunal Constitucional, del viceministro de Vivienda Jerjes Mercado y otros. Varios de ellos han sido inclusive premiados con ministerios y hasta con embajadas. La judicialización de la política, una vieja práctica antidemocrática, que hace retroceder a nuestra joven democracia.

*Jimmy Ortiz Saucedo
escribe desde Santa Cruz.