Abuelas versus nietos
Gonzalo Chávez A.*

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

Una persona de origen humilde y sin trabajo que no ha comido todo el día se encuentra con un paquete que contiene 1.000 dólares en un parque. Este dinero le permitiría vivir a él y su familia algunos meses. Si pensamos con el corazón, nuestra primera reacción frente a este hecho será de alegría, nos parecería que se hizo un bien a este ser humano. Pero, pasado el primer momento, el centro de nuestra racionalidad, el cerebro, reaccionará y dirá: ¿A quién pertenecerá ese dinero?, ¿qué tal si estos dólares eran de una Organización no Gubernamental, que con ellos iniciaría un proyecto de salud que beneficiaría a muchos niños o si los recursos pertenecían a un microempresario que invirtiéndolos iría a generar varios empleos? A nuestra primera reacción que enfatiza la justicia distributiva se interpone el criterio de eficiencia en el uso de los recursos.

La mayoría de las decisiones de políticas públicas, especialmente en los temas sociales, enfrenta el viejo dilema de la equidad versus la eficiencia, especialmente cuando los recursos financieros son escasos. Existen muchas definiciones de equidad, de una manera sencilla, en una sociedad existe equidad cuando la riqueza general se distribuye igualitariamente entre sus miembros. El concepto de eficiencia tiene que ver con aprovechar los recursos de la mejor manera posible.

Las transferencias de dinero directas que el gobierno del presidente Morales está haciendo a la gente de la tercera edad y a niñas (os) hasta sexto de primaria con el Bonosol y el bono Juancito Pinto, colocaron nuevamente en el debate los dilemas de equidad y eficiencia, que puesto de manera más lírica, enfrenta al corazón con la cabeza. En el teatro político, la disyuntiva produjo un cambio, para decir lo menos, curioso. Los que antes criticaban el Bonosol como un soborno político, ahora lo defienden diciendo que no se puede quitar el pan de la boca a 500 mil ancianitos. Los que antes defendían esta transferencia por su carácter social, ahora lo ven como un recurso mal usado, que podría tener mejor destino.

El trasfondo de este debate es cómo usar de la manera más eficiente y justa a la vez, los recursos que nos ha dejado la Pachamama. Dejo para otro artículo la pertinencia técnica-financiera de usar el IDH para pagar el Bonosol. Desafío a los abogados para que debatan la legalidad del procedimiento.

Los gobiernos departamentales, municipales y las universidades sostienen que los recursos del IDH ya les fueron otorgados y que están en sus programas operativos listos para convertirse en políticas sociales y productivas que mejorarán la salud y la educación de las poblaciones locales, y que, vía inversión en la infraestructura, contribuirán al desarrollo local de sus comunidades. Detrás de esta argumentación, existe la idea de que los recursos de la Pachamama deben tener mayores tasas de retorno para la sociedad y que, por lo tanto, su uso eficiente y justo pasa por la inversión en activos sociales y productivos. Esta sería una mejor forma, que gastar el dinero del gas natural. Implícitamente se critica las transferencias —el Bonosol y el bono Juancito Pinto— como acciones asistencialistas con un alto componente populista que lo único que genera es retorno político para quien entrega las dádivas.

Del otro lado de la vereda, el Gobierno central apuesta a un tipo de política social que busca una mejora del ingreso en el corto plazo y cuyos retornos de inversión de largo plazo son cuestionables, si es que las medidas son vistas simplemente como acciones asistencialistas.

Vistos en una perspectiva más amplia, los programas de transferencias directas no parecen tan malos, porque sus objetivos están conectados a aumentar las tasas de escolaridad y permanencia escolar, promover acciones preventivas de salud y aumentar las posibilidades de consumo de las familias, disminuyendo su inestabilidad. Además, las transferencias empoderan a las personas, porque nadie mejor que la madre o el abuelo para saber qué hacer con sus recursos, comprar dientes, viagra, ropa o lechecita. Además, en general, en estos programas hay menos corrupción. Cuando se tienen programas de salud, educación que incluye compra de bienes o servicios o implica la construcción de infraestructura, la pregunta central es quién decide lo que la gente necesita, un alma caritativa o el jefe de almacén que compra los yogurts, los ladrillos, las mochilas o la panitela de sus cuates.

Como se puede ver, hay argumentos válidos y en contra de ambos lados. En la práctica, los programas exitosos de política social son integrales y muy coordinados, es decir, tienen un componente de transferencias y un componente de inversión social y productiva. Esto es algo que debíamos haber hecho antes de realizar la chauchita de los recursos que provienen del gas. Así nos hubiéramos evitado el insulso debate de si bonos o inversiones locales, y los grandes beneficiados de esto serían los pobres del país, a quienes les debe parecer cruel la discusión entre la platita para los abuelos o las escuelas para los nietos. Además, les muestra que en este debate no hay ni corazón ni cabeza.

*Gonzalo Chávez
es economista y su blog
es http://chavezbol.blogspot.com/