El Gobierno busca que todos los escolares reciban comida El Viceministerio de Educación Escolarizada presentó un anteproyecto de ley, según el cual, prefecturas y municipios financiarán el beneficio.
DESAYUNO ESCOLAR • Niños de sexto de primaria de la escuela José Martí de La Paz, toman su desayuno, este lunes.
El Gobierno presentó ayer un proyecto de ley para universalizar la alimentación escolar en el país, beneficio obligatorio que deberá ser financiado con los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de las prefecturas y los municipios.
Según el anteproyecto, en principio se espera llegar a todos los escolares del nivel inicial (prekinder y kinder) y de primaria, y luego —progresivamente— a los estudiantes de secundaria.
El objetivo es reducir las deficiencias de micronutrientes en la población escolar y mejorar su estado nutricional a través de una alimentación complementaria. Ésta puede ser desayuno, almuerzo o merienda, que incluyan alimentos con alto nivel nutricional, acorde con sus hábitos.
Asimismo se prevé garantizar la asistencia escolar, además de promover el desarrollo de la producción local de alimentos e impulsar el consumo de lo que se producen en cada región.
“Queremos establecer la obligatoriedad de dotación alimentaria a través de las prefecturas y municipios a todos los niños desde el nivel inicial, lo que permita la permanencia en la escuela y los colegios. Es obligación de todas las prefecturas y municipios que todos los niños tengan una educación de calidad”, dijo ayer el viceministro de Educación Escolarizada, Germán Jiménez, al presentar la propuesta.
Según el Ministerio de Educación, sólo el 55 por ciento de los municipios da desayuno.
En el artículo 10 del anteproyecto se lee que “la alimentación escolar complementaria a nivel nacional será suministrada con cargo a los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) asignados a las prefecturas y a los municipios”.
Las prefecturas deberán garantizar la disposición de estos recursos, en tanto que los municipios deberán —además de destinar una parte de su dinero— proveer el beneficio en todos los establecimientos de educación fiscal existentes en su jurisdicción territorial, de forma regular y continua durante la permanencia escolar en el aula.
Los municipios más pobres podrán contar con apoyo directo de la Prefectura u otro organismo no gubernamental.