• El caso de RCTV • El cierre de la cadena venezolana y que desató protestas de los trabajadores, fue repudiado por la SIP.

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En las conclusiones e informes sobre la situación de la libertad de prensa presentados en la clausura de la 63º Asamblea General de la SIP, el organismo dijo que la libertad de expresión e información que periodistas y medios de comunicación independientes ejercen y defienden "es un valor que el Gobierno intenta suprimir definitivamente".

Entre los hechos más graves destacó el cierre, en mayo pasado, de Radio Caracas Televisión, y dijo que el Estado sigue "empeñado en la constitución de medios radiales oficiales y ayudando económicamente al Gobierno de Bolivia con ese mismo fin".

Advirtió asimismo que casi una treintena de periodistas ha sido objeto de amenazas o hechos de violencia en Venezuela.

"Los mayores atropellos en este semestre continuaron siendo en Venezuela", destacó la SIP.

A lo largo de cinco días, la asamblea puso sus ojos especialmente en Venezuela y el martes reiteró su "firme decisión" de seguir con los planes para realizar su Reunión de Medio Año en Venezuela en marzo del 2008, "a pesar de las aparentes presiones gubernamentales" para que los hoteles no acepten albergar la reunión de la SIP, "como muestra de apoyo a la libertad de prensa y a la democracia".

El gobierno de Chávez repudió a la SIP. El ministro de Información, Willian Lara, dijo que la organización "está mintiendo" cuando afirma que las autoridades venezolanas buscan hacer desaparecer la libertad de prensa.

"Se está mintiendo en esa reunión de la SIP respecto a Venezuela, pretendiendo con ello asesinar política y moralmente al presidente de la República, al Gobierno venezolano", expresó.

La institución que agrupa a los principales medios de comunicación del continente americano resolvió denunciar ante los organismos internacionales "las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen del presidente Chávez".

Repudió los "ataques del presidente Chávez contra el canal de noticias Globovisión" y la "desproporcionada multiplicación y concentración de medios de comunicación de propiedad del Gobierno". Miami (EEUU), AP