Otro octubre lleno de furia en El Alto, sin la épica ni las dimensiones de hace cuatro años. Sin las consecuencias fatales de la represión estatal. En la apariencia mediática, la furia alteña se ha descompuesto en moléculas y su rugido parece haberse aplacado por la cotidianidad de las luchas más sectoriales y hasta regionales, en las que se defienden frente a los ataques del neoconservadurismo político.
Si bien hay que aceptar que el sentido de las movilizaciones de octubre del 2003 pervive tenuemente en las huellas de un discurso gubernamental que ajetrea prosa y prácticas de un populismo fácil, no es menos cierto que la gestión pública de su Gobierno Municipal hace aguas por todo lado y existe una limitada atención del Gobierno central a los problemas estructurales que encarnan los ciudadanos de esa urbe.
Y una señal de lo anterior fueron los ataques de ayer que vecinos y padres de familia protagonizaron en contra de cantinas, bares y lenocinios, antecedidos por una marcha de padres de familia que demandaba la construcción de 1.000 aulas y la solicitud, desde hace meses, de la Federación de Estudiantes de Secundaria de El Alto, por mayor seguridad ciudadana y el cierre de estos locales.
Nadie niega que todo esté relacionado, pues existen regulaciones en cualquier parte del mundo que prohíben la presencia de estos locales cerca de las escuelas. El problema es que desde hace un buen tiempo, esta reglamentación se paseaba por los pasillos del Concejo Municipal de esa ciudad. Algunas versiones periodísticas indicaban que algunos concejales alteños estaban vinculados con la otorgación irregular de licencias de funcionamiento de los locales de marras, lo cual indica que los intereses privados parecen estar rondando las burocracias municipales, lo cual muestra razones suficientes para tal retraso.
Pero no todo fue arenga moralista, también hubo política. Las declaraciones de un dirigente de padres de familia señalaban que la marcha que se organizó por la construcción de las aulas no busca ir en contra del presidente Evo Morales, que las organizaciones de El Alto apoyan el cambio que lleva adelante su gobierno. Un poco protegiéndose las espaldas en medio del debate político nacional, este dirigente advirtió que “la derecha” no debe reivindicar este movimiento, doblando su apuesta incluso al acusar a algunos funcionarios del Gobierno nacional como miembros encubiertos de la “derecha” que no quieren llevar a cabo el cambio que Evo Morales prometió.
El 2003, se discutía el ordenamiento estatal en su conjunto; hoy, la furia alteña aparece acordonada por una persona, Evo Morales, cuya legitimidad no permite desbordes ni cuestionamientos de fondo.
*Gustavo Luna es comunicador y trabaja en el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
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