La Fiscalía cumplió el paso procesal más importante. La Suprema debe citar a las partes y fijar día y hora para el juicio oral, en el que se dictará sentencia. Sin embargo, si Goni no está en Bolivia no podrá ser juzgado, aunque sí podrán serlo los otros acusados del caso.
La Fiscalía General de la República acusó ayer formalmente por los hechos de octubre del 2003 al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a 11 de sus ex ministros y a cinco ex miembros del alto mando militar. Este paso procesal es el más importante para la realización del juicio oral.
Los acusados están divididos en dos grupos. En el primero, en el que se encuentra Goni, los jefes militares y siete ex ministros, está acusado de genocidio en su modalidad de masacre sangrienta, además de otros ocho delitos.
En el segundo grupo están los restantes cuatro ministros acusados, con delitos más leves.
El fiscal Milton Mendoza cree que la pena máxima que podría aplicarse en contra del ex mandatario es de 25 años de prisión porque el genocidio está penado con 20 años de cárcel, aunque, según dijo, se puede llegar a 25 a través del concurso de delitos.
“El genocidio, pese a ser un asesinato de masas, nuestra legislación castiga con una pena inferior a los 30 años (hasta 20 años); ésa es una ironía del Código Penal. Pero, con el concurso de delitos, a lo que se puede llegar como pena máxima es a 25 años de presidio”, declaró Mendoza.
Sin embargo, y pese a que todo está listo para iniciar el juicio oral, éste no podrá ser aplicado a Goni, Carlos Sánchez Berzaín ni Jorge Berindoague, mientras no sean extraditados de EEUU.
En cambio, sí podrá avanzar el proceso en contra de los otros acusados por la Fiscalía.
La acusación se presentó cuatro años después de la renuncia de Goni, que se produjo luego de violentas jornadas que dejaron más de 60 personas muertas.
Los manifestantes se oponían a la exportación de gas a EEUU.
La acusación formal fue presentada ante la Secretaría de Sala Plena de la Corte Suprema, en Sucre, por el fiscal general Mario Uribe y los fiscales asignados al caso, Milton Mendoza y Mirna Arancibia. El legajo consta de aproximadamente 1.300 fojas, producto de tres años de investigación y 10.000 documentos.
Los acusados por genocidio son, además de Goni, los ex ministros Carlos Sánchez Berzaín, Yerko Kukoc, Mirtha Quevedo, Javier Torres Goitia, Jorge Berindoague, Guido Áñez y Hugo Carvajal y el Alto Mando Militar de ese entonces, con los generales Roberto Claros, Gonzalo Rocabado, Juan Véliz, José Quiroga y el almirante Luis Aranda.
Los acusados por homicidio y otros delitos son Jorge Torres, Erick Reyes Villa, Adalberto Kuajara y Dante Pino.
La Fiscalía pidió a la Suprema que proceda con la preparación del juicio de responsabilidades, en primer lugar, notificando a los querellantes o víctimas del 2003 que también deberán presentar su acusación en un término de 10 días. En ese mismo plazo, se notificará a los acusados para que ellos, a su vez, tengan la posibilidad de entregar descargos.
En este punto podría presentarse el mayor problema dentro de este proceso, puesto que los acusados deben ser notificados personalmente con la acusación. Goni y dos de sus ex ministros aún no pudieron ser citados.
Una vez vencido el plazo de 10 días, que corren a partir de la admisión de la acusación por parte de la Suprema, se deberá fijar fecha y hora para iniciar el juicio oral continuo, en el que se presentarán las pruebas y se dictará sentencia. Redacción Sucre
LAS LEYES DE GONI
Responsabilidades • Goni podría ser el primer Presidente en ir a un juicio de responsabilidades y sería juzgado con las leyes que él promulgó el 2003.
Extradición • La extradición también podría darse con un tratado que él firmó con EEUU el 27 de julio de 1995.
Reacciones
“Se trata de una acusación injusta” JORGE TORRES, ex ministro de Desarrollo Económico.
“Considero que en mi caso se trata de una acusación injusta y carente de objetividad que a lo largo de la fase de investigación ha quedado completamente demostrado que yo no tuve ningún grado ni nivel de responsabilidad por lo que sucedió en octubre y especialmente porque yo renuncié de manera irrevocable, no estaba de acuerdo con el uso de la fuerza (...) No me queda otra que seguir confiando en que se haga justicia y que se conozca la verdad histórica que es lo que quieren los bolivianos”.
“Siempre estuve a disposición” MIRTHA QUEVEDO, jefa nacional del MNR.
“Me enteré por los medios de comunicación, desconozco qué niveles de acusación existen y de qué delitos se nos está acusando(...) Cuando nos llame la Corte Suprema para poder presentarnos a lo que corresponda el propio juicio oral, lo vamos a hacer en el marco de derecho, en el de las leyes y del respeto del proceso. Me parece incorrecto que a todos nos acusen por los mismos delitos (...) Nunca he rehusado a aquello (investigación), siempre estuve a disposición y lo voy a hacer en este caso”.
“Yo voy a asumir la defensa” YERKO KUKOC, ex ministro de Gobierno.
“Yo voy a asumir la defensa una vez que conozca el tenor correspondiente de la acusación. Voy a asumir la defensa que corresponde en la forma que lo vine haciendo desde el primer día que fui citado y seguiré participando en el objetivo de permitir esclarecer los hechos de octubre (...) No existe objetividad en la investigación del Ministerio Público porque se investigó sólo a quienes estuvimos en función de Gobierno(...)Voy a someterme, me vine al país porque creo en mi inocencia”.