¿Dónde queda la gobernabilidad?
José Gramunt de Moragas, S.J.*

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

Todo ciudadano bien nacido desea que en el país reine un mínimo de lo que llamamos gobernabilidad. Concepto que desde hace tiempo se ha esfumado en la turbia humareda política. Sin pretender agotar el tema, me permitiré desgranar el choclo.

Los hechos más recientes son el desborde violento “anticorrupción” en El Alto y la confrontación entre el Gobierno central y los cívicos de Santa Cruz. Lo primero se refiere al aspecto más sórdido de ciudades, sea El Alto, así como de otras ciudades: el alcohol, la droga y la prostitución que invaden plazas y calles sin señales de control y que desencadenan en una reacción brutal de la gente de esos barrios y de la opinión pública en general. Lo sucedido en el aeropuerto de Viru Viru tiene varias facetas. Empecemos por las denuncias del Ministro de la Presidencia contra algunos responsables aeroportuarios que supuestamente recibían sumas de dinero “bajo el ala” (o dicho más claramente, que se las embolsaban en sus cuentas privadas). El Gobierno mandó a su tropa (¿extranjera?) y humilló a unos funcionarios. ¿No existen en el país procedimientos administrativos menos violentos para investigar, juzgar y sancionar las supuestas irregularidades? Pues no. El Gobierno central militariza el aeropuerto, da pie a los irritables dirigentes cívicos cruceños para un mitin en el que el Prefecto lució su fino léxico cuartelero. Ambos hechos no merecen otro calificativo que el de ingobernabilidad.

En otro escenario, el Banco Central, que fue modelo de gestión durante la presidencia de Juan Antonio Morales, un buen día concibe la genial idea de crear el impuesto del uno por ciento a las remesas de nuestros sufridos emigrantes, y también a los exportadores. ¿Pero no decía el Gobierno que el instituto emisor cuenta con reservas como nunca, que las exportaciones han aumentado y que todo va color de rosas? Entonces, ¿para qué castigar a las humildes familias de los inmigrantes así como a los pocos que tienen la suerte o la audacia de exportar? Y, además, ¿para qué sirven los cheques venezolanos que tan pródigamente reparte Don Evo? Conclusión: las finanzas están incorrectamente administradas.

Suma y sigue. Consumada la “nacionalización” de los hidrocarburos, se instituye el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). El propio Presidente de la República, alardeando de haber sacado al país de la pobreza, alienta a moros y cristianos a solicitar su pedazo de la torta impositiva. Como era previsible, las demandas se multiplican hasta dejar vacía el arca de las ilusiones. Como en el cuento de la lechera. Si es deber del gobernante repartir las obligaciones y los beneficios fiscales en forma equitativa, he aquí un nuevo caso de ineptitud gubernativa.

Cambio de escenario. Cuando parecía que las relaciones del Gobierno y la Iglesia eran, por lo menos, tolerables, el Presidente, en sucesivas intervenciones de tono electoralista (fuera de tiempo) dispara su cohetería contra “el clero, que se suma a los grupos oligárquicos que buscan el fracaso de la Asamblea Constituyente”. Pero, ¡si la Asamblea se está descuajeringando por sí misma! No necesita ni de oligarcas ni del clero para hundirse más en su propia incapacidad. ¿Dónde queda la gobernabilidad?

*José Gramunt
es sacerdote jesuita y
director de ANF.