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Es el primer Presidente constitucional argentino procesado por semejante delito.

De la Rúa renunció ese día, en la mitad de su mandato de cuatro años, ante su incapacidad para controlar un desborde popular hostil en todo el país, agravado por la decisión de su gobierno de incautarse de los depósitos bancarios de los ahorristas.

El juez federal Claudio Bonadío dictó el procesamiento del ex mandatario, sin prisión preventiva, por el homicidio culposo de los cinco manifestantes y por lesiones a otras 172 personas por la violenta acción policial en el centro de la capital argentina.

El magistrado dispuso también el embargo sobre los bienes del ex presidente por dos millones de pesos, unos 86.000 dólares.

Un total de 30 personas murieron en todo el país en aquellas jornadas, en las que multitudes airadas recorrían las calles argentinas, golpeando cacerolas y exigieron "que se vayan todos", en alusión a los gobernantes.

El juez Bonadío rechazó los argumentos de los defensores de De la Rúa, al sostener que por tratarse de "un experimentado abogado y ex legislador con importante trayectoria, no podía ignorar" las consecuencias de la dura represión desencadenada por la policía federal.

En la causa por la represión de diciembre de 2001 ya están procesados Enrique Mathov, ex secretario de seguridad, y siete comisarios de la policía federal.

Fernando Chironi, jefe del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, el partido de De la Rúa, declaró a la prensa que seguramente el ex presidente no podrá ser vinculado penalmente con lo ocurrido. Buenos Aires, AP