El peligro del Estado congelado
Carlos D. Mesa Gisbert*

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La nostalgia no siempre es buena consejera, lo es menos el quedarse congelado en el tiempo. La atractiva idea del tiempo circular es seductora, pero puede confundir peligrosamente la mente y conducir a la toma de decisiones equivocadas.

Bolivia no vive en 1952 y la idea del Estado del 52 cuyos aportes a nuestra sociedad están fuera de duda, es irrepetible. No es éste el momento de reconstruir ese pasado, ni renovarlo en la lógica de una visión centralista y bonapartista como parecen entender el cambio y la ´revolución´ el Presidente y sus ideólogos.

Entre 1994 y 2006 el país vivió una serie de transformaciones jurídicas que nos permitieron un salto al siglo XXI en la configuración del nuevo Estado y lo que es más importante, en un nuevo escenario del poder en sus múltiples dimensiones. La participación popular (1994), la reforma constitucional (2004), la convocatoria a elección de prefectos y referéndum autonómico (2005), la elección de prefectos (2005) y el referéndum autonómico (2006), cambiaron irreversiblemente el mapa político del país.

El salto cualitativo que desmiente a quienes piensan desde una óptica conservadora en el viejo Estado poderoso y en un Presidente-emperador, es el de haber profundizado la idea y la acción de la democracia ejercida desde la base, desde el ciudadano-vecino a partir del municipio que descentralizó el poder, la capacidad de decisión y revalorizó el manejo de la cosa pública y de los intereses de la comunidad (en su base, el municipio) que están hoy en manos de la gente. Ése fue el salto lúcido y verdaderamente revolucionario de la participación popular que se adelantó a las demandas de fin de siglo. Recursos y decisiones de la mano, permitieron el fortalecimiento de comunidades pequeñas que comenzaron a construir Estado desde lo particular y transformaron la palabra democracia en algo real y tangible.

El paso siguiente, inexcusable, consistente con la demanda de participación del pueblo, es la conquista del espacio intermedio, el poder democrático departamental. La convicción que expresamos en abril de 2004 desde el Gobierno no era otra cosa que una respuesta indispensable a la historia a partir de una reivindicación legítima e inmemorial de las regiones. La construcción del nuevo poder, el de los departamentos, es el escalón intermedio que completa el rompecabezas y redefine al Estado en sus relaciones íntimas, entendido éste como manejo de la cosa pública, toma de decisiones, administración de recursos, legislación y asunción de responsabilidades.

Las posturas más reaccionarias dentro del Gobierno leen las cosas exactamente al revés, que esa cesión debilita al Estado y frena el ´cambio´, cuando parte esencial del cambio está en esta nueva arquitectura política. Lo dramático es que el Gobierno que pretende encarnar ese ´cambio´ no entiende uno de sus ingredientes fundamentales. Si el Presidente insiste en la imposición de su modelo de país en la construcción de una hegemonía concebida a partir de un Estado monolítico y centralista, simplemente está edificando las bases de su propia destrucción. El Estado boliviano de hoy no es ni será el del 52, por la simple razón de que el Estado es hoy un conjunto de espacios humanos y territoriales compartidos que han conquistado y todavía conquistarán mayores niveles de descentralización. La lógica de ese nuevo escenario implica la comprensión de dos cosas: El Estado no es el Poder Ejecutivo exclusivamente. Hoy está representado en el municipio y en los departamentos, tan Estado como el Gobierno central. La segunda, que esa nueva configuración demanda un cambio de mentalidad.

La idea no es ceder poder, es compartirlo y construir futuro a partir de esas nuevas relaciones. El ejemplo más ilustrativo es la reivindicación indígena. Los municipios indígenas ya existen, los creó la participación popular, tienen poder propio, jurisdicción geográfica y en consecuencia potencialidad de profundizar la idea de la incorporación de un pasado no occidental que debemos asumir cada día de modo más universal ¿No es ése un avance ya conquistado de quienes piden desde el actual Gobierno precisamente esa construcción?

El Presidente debe entender también que no es posible avanzar de modo fluido y constructivo en un permanente tira y afloja con quienes de hecho tienen poder real y lo tienen de modo legítimo. Por el contrario, es necesario adecuar rápidamente (la grave crisis de la Asamblea Constituyente no ayuda a ello, hay que reconocerlo) el conjunto de leyes y reglas que definan pronto la naturaleza de esa nueva relación y preparar a los cuatro departamentos del No para la construcción de su propia lógica autonómica.

La política debe repensarse desde sus raíces, eso tiene que ver con la nueva forma de los partidos políticos del futuro, con la idea del Poder Ejecutivo adecuándose a la nueva realidad y con la coordinación y definición de departamentos que se entienden como espacios de poder autónomo, pero a la vez como parte integral de un todo mayor. El desafío aquí es de doble vía. Pasada está perniciosa polarización en la que las partes han decidido un ´estás conmigo o estás contra mí´, será indispensable una relación entre el Gobierno nacional, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales (indígenas y no indígenas), capaces de aceptar que todos tenemos iguales derechos y obligaciones y que todos, nazcamos o vivamos donde vivamos en Bolivia, somos beneficiarios de las riquezas con las que hemos sido bendecidos, a la vez que entender que nosotros mismos somos la mayor riqueza de nuestra Nación.

Si el Presidente y su gobierno no quieren acabar en una ruta suicida para ellos y para todos, deben intentar entender que la historia no se congela nunca y que es indispensable responder a ella de acuerdo con los desafíos del momento, sin renunciar a las legítimas propuestas de cambio en busca de una sociedad en la que sea posible la definición de ´vivir mejor´, o si prefieren ´vivir bien´.

*Carlos D. Mesa Gisbert
es ex presidente de Bolivia, periodista, historiador y político.