• DESALOJO POLICIAL EL 2001 • La foto de archivo muestra un operativo de desalojo en El Choré, en noviembre de 2001.

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De acuerdo con el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, el 10 por ciento de la reserva (100 hectáreas de tierra) está ocupado ilegalmente por colonizadores, ganaderos, traficantes de madera y cocaleros.

Gerardo García, ejecutivo de la Confederación de Colonizadores de Bolivia, explicó que cerca de 700 de sus afiliados están en la reserva forestal. Legalizar asentamientos y trasladar a aquellos que se consideren un peligro para el área protegida es una de las propuestas de la Confederación.

La idea es buscar alternativas para garantizar su permanencia, evitar el desalojo y posibles enfrentamientos fruto de la acción.

García sostiene que proponen crear un plan de asentamientos para las personas que habitan la zona “porque es necesario dar cabida a la gente en este lugar”.

El dirigente aseguró que los asentamientos se produjeron luego de que los empresarios deforestaron El Choré. “Ya no hay recursos, los empresarios deforestaron y causaron daño, pero nadie dijo nada, ya pasó mucho tiempo y no se dijo nada, nuestros compañeros al ver eso se animaron a entrar”.

En tanto que la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) que tiene concesiones legales para aprovechar la madera, solicitó al Gobierno una inmediata intervención en la zona pues considera que son los colonos los responsables de la deforestación. “La ley prohíbe el ingreso (a zonas protegidas) y por ello se debe notificar a los colonizadores y desalojarlos”, señaló Pablo Antelo, presidente de la CFB, quien pidió igual trato para los “piratas de madera”.

El empresario agregó que en la reserva también existen cultivos de coca. “Sabemos que una comisión del Gobierno trabaja de manera muy sigilosa, muy escondida, sabemos que incluso hay gente de Umopar porque se identificaron plantaciones de coca”, dijo.

La información fue ratificada por Almaraz, quien afirmó desconocer la cantidad de cocales hallados. “Se verificó la existencia (de cultivos) pero no el número, tampoco existe certeza de quiénes habrían ingresado a plantar, teniendo como probabilidad la existencia de campesinos del Trópico de Cochabamba”.

Ante los hechos, Almaraz dijo que en el momento una comisión y miembros de la Policía desarrollan un operativo en el sitio.

“Prevemos que van a estar un par de semanas más; se está cumpliendo lo planificado y se va a lograr el desalojo de todas las personas ilegalmente asentadas en esa área de El Choré, cercana a la ribera”, declaró la autoridad.

Según Almaraz este proceso tomará dos semanas más y descartó cualquier negociación para que los ilegales se queden.

De acuerdo con Antelo, los asentamientos ilegales ponen en peligro la actividad agrícola de Santa Cruz, pues la reserva forestal se constituye en una de las mayores fuentes de agua. “Si se reduce el área boscosa, las zonas norte y sur del departamento se verían seriamente afectadas”.

El área protegida tiene más de un millón de hectáreas, compartidas entre las provincias Sara e Ichilo de Santa Cruz, y es considerada la de mayor precipitación pluvial en el país, dijo Antelo.

Almaraz aseguró que el Gobierno se mantendrá firme en la determinación de no permitir asentamientos ilegales, “se realiza una revisión de éstos pero es necesario mantener el régimen de protección” en la reserva.

Calcula que en aproximadamente 15 días se tendrá resultados de la gestión de la comisión y los operativos policiales. “Es un lugar muy grande en la que no se puede hablar de desalojo en uno o dos días”.

LA RESERVA Y LAS DISPUTAS SECTORIALES

La reserva forestal • Con una extensión superior a un millón de hectáreas, El Choré se constituye también en el mayor reservorio de agua para el agro cruceño.

Riesgo a futuro • Es portadora de al menos 100 especies arbóreas que gradualmente son deforestadas, pronosticándose la pérdida de bosques en 20 años.

Pedido empresarial • La Cámara Forestal pidió la intervención de El Choré y el inmediato desalojo de los asentamientos ilegales y de traficantes de madera.

Justifican la ocupación • Colonizadores justifican su ingreso en zonas supuestamente deforestadas por los empresarios. Piden legalizar los asentamientos.

“Si se reduce el área boscosa, las zonas norte y sur del departamento se verán seriamente afectadas”.
Pablo Antelo, presidente de la CFB.