La renta Dignidad y la nacionalización
José Baldivia Urdininea*

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Se discute todavía si el Bonosol era o no importante como política social de compensación. Hay quienes sostienen que Goni lo instituyó en un arranque demagógico, en vez de destinar las utilidades de las empresas capitalizadas a caminos, puentes y otras necesidades de infraestructura. Otros, menos conocedores de las estadísticas nacionales, señalan que 200 dólares por año constituía una cifra ridícula, casi un insulto a los ancianos que la recibían.

Sobre el argumento de los caminos no hay mucho que discutir. Son necesarios y por tanto era una alternativa invertir en ellos los frutos de la capitalización. Sin embargo, no se puede perder de vista que se trata de inversiones de lenta maduración y que los beneficios de una red caminera son magros cuando la población carece de recursos para invertir en los negocios que ella posibilita.

Por otro lado, el ingreso anual per cápita en Bolivia es inferior a 1.200 dólares y, si se descuenta a los sectores altos y medios, resulta que casi la mitad de la población tiene un ingreso anual de 600 dólares. Por lo tanto, el Bonosol representaba el 16% del ingreso de los bolivianos y nada menos que el 33% del de los más pobres. Ni qué decir de lo importante que ese monto es para los ancianos. Claro que los analistas y encuestadores nunca se molestaron en preguntarles. Evo Morales, en cambio, percibió esta situación y no solamente que no se animó a revertirla, sino que se olvidó de las acusaciones de demagogia y cohecho que lanzó contra Goni utilizando los argumentos de la derecha y se convierte ahora en el paladín de los ancianos con su renta “Dignidad”.

Pero, ¿cuál es el problema de esta renta? ¿Es un mejoramiento de esa política de compensación social que fue el Bonosol al elevarlo de 200 a 300 dólares por año? A simple vista parece que sí, pero si se observa con cuidado se devela como una verdadera patraña. El dinero del Bonosol salía de las utilidades de las empresas capitalizadas y se destinaba a la gente adulta mayor. El dinero de la renta Dignidad saldría del IDH, es decir de los impuestos que por Ley ya están destinados a la gente (educación, salud y caminos, vía prefecturas); lo que equivale a decir que se pagará a la gente con dinero que se le quita a la misma gente. Un verdadero acto de prestidigitación.

¿Por qué el Gobierno ensaya estos actos de ilusionismo? Por la sencilla razón de que la nacionalización de los hidrocarburos no fue tal sino una simple modificación de contratos de dudoso efecto sobre el incremento de los ingresos del país, que se tradujo además en una compra de refinerías obsoletas a precio de verdadero escándalo si se suma el valor pagado a Petrobras y la subrogación de los pasivos que tenía esa empresa.

Bajo los nuevos contratos, las empresas petroleras se han visto liberadas de realizar prospección e incluso de invertir y con el discurso amenazante del Presidente, las capitalizadas que todavía son gerentadas por socios extranjeros (Entel, Ende y Enfe) han paralizado sus inversiones y es improbable que generen utilidades o que las mismas alcancen para pagar el bono a los adultos mayores.

Al provenir de las utilidades de las capitalizadas, el Bonosol tenía varias ventajas: si el rendimiento de las empresas era mayor, se pagaba más, si éste caía, simplemente se lo reducía; era pagadero solamente hasta el fallecimiento del último boliviano que al 31 de diciembre de 1996 tenía 21 años; es decir; finalmente, beneficiaba a los mayores de 65 años, es decir, su proyección de pago era de 15 años, coincidente con la esperanza de vida que tienen quienes sobrepasan esa edad (85 años).

La renta Dignidad no solamente se propone obtener los recursos a costa de educación y salud, sino que compromete para siempre las arcas prefecturales, en un monto preesta-
blecido que no toma en cuenta eventuales reducciones de las recaudaciones por IDH. Asimismo, amplía el beneficio a la población comprendida entre los 60 y los 64 años, un estrato que se incrementa día a día, conforme se manifiesta en el país la transición hacia el envejecimiento de la población.

Si el gobierno de Morales impone su proyecto de recortar la participación de las prefecturas en el IDH para pagar la renta Dignidad, no solamente que le habrá ganado una importante batalla al proceso autonómico, sino que podrá disimular la situación de falencia económica en que se encuentra YPFB y triunfará en su acto de ilusionismo, al pagarla con dinero que nos quita a todos.

*José Baldivia U.
es economista.